Indecopi inicia procedimiento administrativo sancionador a 6 empresas de servicios de impresión

La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Industria Gráfica Cimagraf, Metrocolor, Corporación Gráfica Navarrete, Quad/Graphics Perú y las empresas vinculadas Empresa Editora El Comercio y Amauta Impresiones Comerciales  por un presunto acuerdo para repartirse el mercado en los procedimientos de contratación de servicios de impresión de textos escolares del Ministerio de Educación.

El presunto acuerdo de reparto de mercado de servicios de impresión de textos escolares se habría producido entre los años 2009 y 2016, en el que estarían involucrados once funcionarios y ex funcionarios de las empresas mencionadas, quienes también están siendo investigados.

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La evidencia identificada por el Indecopi (documentos, declaraciones, archivos, correos electrónicos e información económica extraída de las propuestas y resultados de los procedimientos de contratación) señalaría que, desde enero de 2009 hasta julio de 2016, las distintas empresas competidoras en el mercado de servicios de impresión habrían realizado acuerdos para repartirse distintos ítems dentro de procedimientos de contratación de servicios de impresión de material educativo (por ejemplo textos escolares de matemática o lenguaje).

Estos acuerdos secretos se habrían mantenido a lo largo de los años mediante reuniones entre representantes de Amauta – El Comercio, Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics, realizadas en hoteles o restaurantes de Lima, previamente a las fechas de presentación de propuestas en determinados procedimientos de contratación convocados por el Ministerio de Educación.

Incluso, en los años 2015 y 2016, los acuerdos se habrían mantenido entre tres de las empresas que formaron un consorcio (Amauta – Metrocolor – Navarrete) y otras dos empresas competidoras (Cimagraf y Quad Graphics).

El valor del material educativo involucrado en la presunta práctica anticompetitiva habría estado cercano a los S/. 585 millones, correspondientes a diversos ítems de veintitrés procedimientos de selección del Ministerio de Educación y uno del Instituto Nacional de Estadística e Informática realizados entre los años 2009 y 2016.

Es importante anotar que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa, de acuerdo a la legislación vigente, en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta conducta anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los investigados.


La presente nota ha sido elaborada gracias a la información enviada mediante nota de prensa de la oficina de prensa de Indecopi.

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