El juicio de Máxima Acuña contra Minera Yanacocha escribió un nuevo capítulo de éste emblemático enfrentamiento, entre la comunera y la minera. Máxima Acuña Atalaya interpuso una demanda de habeas corpus contra la Minera Yanacocha el 5 de febrero de 2016. Ella señalaba que es propietaria y posesionaria del predio denominado Tragadero Grande ubicado en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca.

Ella solicitaba al Tribunal Constitucional el cese de los actos de hostilización en contra de ella y de su familia. En este sentido alega que, a partir del mes de enero de 2016, y con un ánimo tendiente a efectuar seguimiento y vigilancia sobre las actividades que ella realizaba. Ella argumenta que era hostilizada con el uso de un “dron” sobre su propiedad y el hecho de colocar una cámara de vigilancia en el límite de su propiedad y el predio de dominio de la empresa.

El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundada en parte (no por unanimidad ni completamente) la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la vida privada mediante el uso de la cámara de video vigilancia y el dispositivo dron. En consecuencia, reponer las cosas al estado anterior a la violación del referido derecho.

Sentencia del TC sobre la demanda de Máxima Acuña

Además ordena a Yanacocha el cese con los actos lesivos a la vida privada de Máxima Acuña, desinstalando los equipos audiovisuales y evitando el uso de dispositivos en las proximidades de la vivienda de la demandante.

Finalmente declaró improcedente el extremo referido a la alegada vulneración del derecho a la libertad de tránsito.

Veamos que opinaron los magistrados al respecto.

El magistrado Manuel Miranda Canales rescata en el fundamento de su voto que el caso ejemplifica los conflictos que se dan entre las empresas mineras y los pobladores de las zonas aledañas que, como se sabe, devienen en conflictos sociales que cobran vidas humanas, paralizan las inversiones y acrecientan la percepción (o certeza) de que el Estado está siempre ausente.

Subraya que el uso de las cámaras y el dron violan la vida privada pero ello no resulta coherente con el extremo en el que para desestimar lo relativo a la presunta imposibilidad de ingresar o salir de su vivienda.

El magistrado Carlos Ramos añadió que aspectos tales como la propiedad privada o posesión -asuntos que se encuentran siendo ventilados en sede ordinaria- no se ven afectados por la sentencia de este Tribunal. Es decir, este proceso continúa.

Por último los magistrados Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón, añaden que el mal uso que se le pueda dar no solo a dichas herramientas, sino a celulares, tablets, binoculares, cámaras fotográficas, etc., no basta para presumir que en determinados contextos, su uso afecta, per se, derechos fundamentales.


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Por Cristina Luna

Aprendí hablar en fácil la economía. Me encanta ver como las noticias pueden ser aprovechadas en la vida real.

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