alcohol alcoholic bar beverage

Euromonitor International, líder en investigación estratégica de mercado, lanzó el primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe luego del impacto de Covid-19. Las conclusiones mostraron un ascenso de esta actividad en todos los países analizados, representando un 9.7% más respecto al año anterior. Entre tanto, en Perú el incremento fue de  6.5%.

Asimismo, las cifras revelaron que Perú es uno de los países de América Latina que consumiría la mayor cantidad de alcohol ilegal per cápita con 1, 250 ml. Incluso, la suma es superior a la registrada en Colombia, país con el crecimiento más alto de la actividad ilícita, donde el consumo per cápita a fin de año sería de 1, 040 ml.

El estudio realizado en Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana, destaca que indicadores como el PIB, renta y empleo, aunado a las restricciones en el acceso a la venta en canales formales, generan cambios en los escenarios desarrollados. Sin embargo, el mercado de bebidas espirituosas ilícitas crece en todos los casos, incluso bajo los escenarios más optimistas. Asimismo, se estima que, de darse una lenta recuperación económica, incrementarían las probabilidades de que aumente esta actividad criminal.

La investigación identificó que los propulsores recurrentes de la actividad ilícita en Perú responden a la desigualdad, el desempleo, el crecimiento de la población en edad legal para beber y la venta al por menor. Este último aspecto genera que las plataformas en línea y los proveedores tradicionales se conviertan en blanco de los vendedores ilegales. Otro aspecto a considerar, es la alta frecuencia de consumo de bebidas tradicionales en el país, pues es una costumbre arraigada. Si bien es un sustituto de bajo precio, también puede causar daños en la salud.

“Vemos con preocupación las proyecciones de un incremento del 9,7% en actividad ilícita en América Latina y el Caribe. Con este estudio buscamos aportar hacia un mayor entendimiento de la problemática del comercio ilícito, específicamente en bebidas alcohólicas, debido al impacto negativo que ha demostrado tener”, expresó Lilian Krohn, consultora Euromonitor International.

Históricamente, estudios realizados han demostrado que las ventas ilícitas generan un impacto negativo en la sociedad, gobiernos y negocios. Estos datos son importantes para la implementación efectiva de mecanismos de colaboración entre este sector, gobiernos y comunidades con el fin de combatir los efectos dañinos en la salud pública, las pérdidas fiscales y la propagación de bandas criminales, entre otros. El estudio resalta mejores prácticas que han probado ser exitosas:

  • Concientizar al consumidor para la toma de decisiones informadas en los momentos de consumo. Los consumidores deben ser informados de los riesgos para la salud que conlleva el consumo de productos alternativos, así como de las estrategias adoptadas por los proveedores de bebidas espirituosas ilícitas para engañarlos.
  • Acuerdos de colaboración entre los diferentes actores. Combatir el mercado ilegal demanda un trabajo colaborativo permanente entre las diferentes partes para evaluar cómo este se desarrolla, y si las acciones, tanto de comunicación como de política pública, dan frutos o no.
  • ●      Los nuevos canales de venta como e-commerce representan una oportunidad y un reto. Es por ello que deben fortalecerse los mecanismos de control que eviten la propagación del mercado ilícito. Para contrarrestar la actividad ilícita es clave una cooperación entre productores, comerciantes, plataformas digitales y gobierno. Es necesario establecer un monitoreo para garantizar que los productos sean lícitos, se paguen los impuestos correspondientes y pasen los controles de salud establecidos. En el estudio se mostró que han proliferado sitios que realizan venta de productos ilícitos generando una competencia desleal a todos los canales de venta formales (online y offline).
  • La ley y su aplicación deben ir de la mano. La aplicación de la ley debe combinar un marco jurídico sólido con instrumentos de coordinación que permitan una vigilancia que frene las actividades criminales efectivamente, sin penalizar a los actores que estén en conformidad con la ley. 
  • Capacitación permanente. Los servidores públicos deben tener acceso a las herramientas necesarias para identificar efectiva y constantemente nuevas estrategias criminales.  

El modelo del estudio se basó en factores predeterminados incluyendo data macroeconómica proyectada en 2020 como el PIB, ingresos y dinámicas de la población en conjunto con información histórica de estudios relacionados al alcohol ilícito. A eso se sumó un análisis del impacto generado por medidas específicas alrededor de COVID-19 como la disrupción en la cadena de abastecimiento, restricciones y comportamiento del consumidor. La base de la proyección asume una mayor ola de COVID-19 entre el primer trimestre a tercer trimestre de 2020, seguido por oleadas más suaves y mejor controladas en la segunda mitad del año.


La presente nota ha sido elaborada gracias a la información enviada mediante nota de prensa de la oficina de prensa de Euromonitor International.

Fuente: https://www.euromonitor.com/

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Por Redacción CB

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