La paciencia tiene un límite. Los comerciantes habían realizado manifestaciones, enviado escritos, intentado hablar, pero nada tuvo respuesta. Por ello presentaron una denuncia contra el Presidente de la República, Pedro Castillo y el Premier de la República (en ese entonces Aníbal Torres) para demandar que se retiren las rejas y se pueda ejercer el derecho de libre tránsito.
Su planteamiento es claro. Se ha vulnerado su derecho a la libertad de tránsito, en tanto que, resulta desproporcionada la medida de colocar rejas en el Centro Histórico de Lima, un lugar que debe ser abierto para que todo ciudadano pueda disfrutar del ornato de la misma sin que ello perturbe las funciones políticas y administrativas del Despacho Presidencial, para lo cual Palacio de Gobierno cuenta con su propia guardia de Seguridad del Estado, con el debido protocolo de atención de visita.
El documento recalca que “el bien jurídico seguridad ciudadana es objeto de protección por parte del Estado, y por tanto puede justificar la limitación del derecho a la libertad de tránsito, sin embargo, esta restricción debe darse por excepción y debidamente justificada observando la legalidad y razonabilidad de la medida“.
La sentencia del Juez Milagros Grajeda, le da la razón a los comerciantes. Así la demanda de Habeas Corpus promovida por Alberto Fernandez , a favor de los trabajadores y consumidores de los establecimiento comerciales aledaños a la Plaza Mayo del Centro Histórico de Lima se dio a favor de ellos, ordenándose el retiro de cualquier elemento que evite el acceso.
Pero ¿qué opinan los comerciantes sobre la situación actual de Jirón de la Unión?
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