En los últimos 12 meses, desde marzo de 2022 hasta 2023, se resolvieron un total de 1177 apelaciones presentadas por empresas ante las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), gracias a la intervención del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De todas estas apelaciones, más de la mitad de los reclamos realizados por las empresas que no estaban de acuerdo con las sanciones impuestas por la Sunafil fueron considerados infundados.

De manera más específica, aproximadamente el 52.4% de los casos presentados por las empresas fueron declarados infundados, mientras que solo el 17.2% se consideraron fundados en parte y un 2.4% se consideraron totalmente fundados.

Esto significa que solo dos de cada diez casos que llegan al Tribunal de Fiscalización Laboral resultan a favor de las empresas.

El resto de los casos se clasificaron como nulos (15.6%), improcedentes (7.4%) o sufrieron de vicio de caducidad de plazo, es decir, se presentaron fuera del plazo establecido, o no tuvieron un impacto directo en la decisión de la Sunafil.

En términos de los sectores involucrados, la mayoría de los casos presentados ante el Tribunal de Fiscalización Laboral corresponden al sector del comercio, seguido por el transporte, la manufactura, la construcción, la minería y el sector agropecuario.

Esto guarda relación con los datos del tercer trimestre de 2022, ya que los sectores más fiscalizados son los de servicios, comercio al por mayor y menor, manufactura, transporte y construcción.

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