El Congreso aprueba una importante modificación al artículo 190 del Código Penal, establecido por el Decreto Legislativo 635. Esta reforma legal busca combatir la apropiación ilícita común y proteger los intereses de la seguridad social, impactando directamente en el ámbito del emprendimiento en el Perú.
El artículo 190, con su nueva redacción, establece las sanciones para aquellos individuos que se apropian indebidamente de bienes muebles, sumas de dinero o valores recibidos bajo diferentes títulos, como depósito, comisión o administración, generando la obligación de entregar, devolver o utilizarlos de manera específica. Esta acción ahora se castigará con penas privativas de libertad que oscilan entre dos y cuatro años.
Es importante resaltar que si el agente realiza esta apropiación ilícita en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en ejercicio de una profesión o industria que requiera título o autorización oficial, la pena se incrementará a un mínimo de tres años y un máximo de seis años de prisión.
La ley también establece sanciones más severas para los casos en los que los bienes apropiados estén destinados al auxilio de poblaciones afectadas por desastres naturales u otros eventos similares. En estos casos, la pena privativa de libertad será de un mínimo de cuatro años y un máximo de diez años.
Asimismo, la modificación legal establece penas para aquellos que se apropian, desvían o disponen indebidamente, total o parcialmente, de los aportes destinados a la constitución, formación, consolidación o desarrollo de un fondo pensionario o del seguro social de salud, ya sea para beneficio propio o de terceros. En estos casos, la pena privativa de libertad será de un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años. Si el agente es un servidor público, la pena será de un mínimo de tres años y un máximo de seis años, además de la inhabilitación prevista en los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.
Esta importante modificación legal tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito empresarial y proteger los intereses de los emprendedores en el Perú. Ahora, aquellos que cometan actos de apropiación ilícita enfrentarán sanciones más severas, lo que contribuirá a fomentar un entorno más seguro y confiable para el desarrollo del emprendimiento en el país.
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