El Poder Judicial del Perú ha dado un paso importante en la lucha contra la inseguridad ciudadana al aprobar el «Plan de Implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva». Este plan tiene como objetivo abordar de manera inmediata, eficaz y transparente los delitos flagrantes que amenazan la seguridad de los ciudadanos. Para lograr esto, se propone la creación de unidades especializadas que permitan una respuesta rápida y efectiva ante estos casos.

La Unidad de Flagrancia Delictiva es un modelo que busca articular a las entidades de justicia, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional del Perú, para garantizar una tramitación eficiente de los casos en flagrancia delictiva. Este enfoque se encuentra respaldado por el Decreto Legislativo N° 1194.

Con el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, se ha reconocido que la mejor estrategia para combatirla es la colaboración entre las instituciones de justicia. Es por ello que se plantea la implementación de 34 Unidades de Flagrancia Delictiva para el año 2024 y 13 Unidades de Flagrancia Delictiva para el año 2025. Estas unidades permitirán atender de manera oportuna los procesos judiciales relacionados con delitos cometidos en flagrancia.

Además, se ha establecido que la Gerencia General del Poder Judicial deberá incluir este plan en la demanda adicional al Presupuesto Multianual 2024 – 2026 del Poder Judicial. De esta manera, se busca asegurar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento eficiente de estas unidades.

Con esta medida, se espera fortalecer la capacidad del sistema de justicia peruano para brindar una respuesta contundente ante los delitos flagrantes, brindando mayor seguridad y confianza a la población. El emprendimiento y el desarrollo de actividades comerciales podrán llevarse a cabo en un entorno más seguro, favoreciendo así el crecimiento económico del país.

La implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva es un claro ejemplo de cómo la articulación entre las instituciones puede marcar la diferencia en la lucha contra la delincuencia. Con un enfoque integral y una respuesta inmediata, se busca proteger los derechos de los ciudadanos y promover un entorno propicio para el emprendimiento y el desarrollo económico en el Perú.

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