Hola, jóvenes emprendedores. Hoy nos toca hablar de dos temas que están generando una gran polémica en nuestro país: el nuevo paquete de créditos suplementarios y la eliminación de la negociación salarial en el sector público. Estas medidas, lejos de ser un avance, podrían significar un retroceso en los derechos laborales y en la estabilidad económica de miles de familias peruanas.

¿Por qué debes leer este artículo? Porque si bien no eres un trabajador público, las decisiones políticas que restringen los derechos de una parte de la población tienen un impacto en todos. Entender cómo estas políticas pueden afectar el consumo, la inversión y la economía en general es crucial para quienes están construyendo su futuro en el mundo del emprendimiento.

El Gobierno, mediante la reciente ley de créditos suplementarios, ha bloqueado cualquier posibilidad de negociar aumentos salariales y bonificaciones en el sector público. Esto significa que, por los próximos años, los trabajadores del Estado no podrán discutir mejoras salariales, afectando su capacidad para enfrentar el costo de vida. No es solo un tema técnico o legal; es una decisión que niega a miles de trabajadores el derecho a luchar por condiciones laborales justas, algo que parece inconcebible en una democracia.

Este tipo de medida no es nueva, pero lo alarmante es que se está consolidando como una política de largo plazo. La ley de presupuesto para el año 2025 ya anticipa que estas restricciones continuarán. Lo que se presenta como una necesidad de «controlar el gasto público» es, en realidad, una maniobra que deja a los trabajadores sin voz ni voto sobre su propia subsistencia.

La consecuencia inmediata es clara: la pérdida del poder adquisitivo. Si los salarios se congelan en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento, miles de familias verán cómo sus ingresos se evaporan ante sus ojos. Esto no solo afecta la economía familiar, sino que también tiene un impacto directo en los emprendedores.

Si los trabajadores públicos no pueden negociar mejoras salariales, consumirán menos. Para cualquier emprendedor, esto significa que el mercado se achica. Menos dinero circulando implica menos ventas, menos oportunidades de crecer y, en muchos casos, menos posibilidades de sostener un negocio. Esta cadena de efectos negativos pone en peligro a pequeños negocios que dependen de la demanda interna, especialmente aquellos que ya están luchando por sobrevivir en un escenario post-pandemia.

Lo más preocupante es que estas medidas pueden tener efectos devastadores en la motivación y el desempeño de los trabajadores públicos. Al impedirles negociar mejoras, el gobierno no solo está afectando sus bolsillos, sino que está socavando su derecho a una vida digna. Las consecuencias no se limitarán a las familias de estos trabajadores; la calidad de los servicios públicos también podría deteriorarse, y esto afectará a todos los peruanos. Además, el descontento y las tensiones sociales no tardarán en aparecer, lo que podría generar inestabilidad en el país.

El Congreso tiene en sus manos varios proyectos que buscan derogar estas restricciones, pero el hecho de que se haya llegado a esta situación muestra un profundo desprecio por los derechos laborales. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo es posible que en un Estado de derecho se aprueben leyes que cercenan derechos fundamentales sin el debate necesario?

«Quien siembra vientos, cosecha tempestades.» Estas decisiones, que parecen menores o técnicas, siembran descontento y frustración en una población que, tarde o temprano, alzará la voz. En este contexto, todos debemos estar atentos, porque lo que hoy afecta a los trabajadores públicos mañana podría repercutir en el resto de la sociedad.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cómo afecta esta ley a la economía general?
   La limitación de los derechos salariales de los trabajadores públicos afecta su poder adquisitivo, lo que a su vez reduce el consumo y, por ende, afecta negativamente a los pequeños negocios y emprendedores.
2. ¿Hay alguna posibilidad de que esta situación cambie?
   Existen varios proyectos en el Congreso para derogar el artículo 28, pero hasta el momento, el panorama es incierto y dependerá del debate político en los próximos meses.

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