El Gobierno del Perú ha emitido el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, intentando lo que parece ser un último esfuerzo desesperado por salvar a PETROPERÚ, una empresa que se ha convertido en un símbolo de mala gestión y de ineficiencia en el sector público. Aunque la intención es superar la crisis financiera y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos en todo el país, la medida refleja más un intento de tapar agujeros que de solucionar problemas estructurales. Pero si esta tan grave ¿por qué no la declaran en quiebra? César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú señalo que la situación de Petroperú a Rumbo Minero es compleja, sin embargo, no puede declararse en quiebra porque el Estado sería demandado debido al bono que tiene la petrolera estatal en el extranjero.

Volviendo a las medidas anunciadas, aunque urgentes, exponen los riesgos y las falencias de una política pública errática que no aborda las raíces del problema, sino que posterga una crisis mayor.

1. Un incremento innecesario de la deuda pública

El gobierno parece dispuesto a asumir deudas multimillonarias en nombre de PETROPERÚ, comprometiendo hasta US$ 1,000 millones del Tesoro Público en un contexto donde el país ya está bajo presión fiscal. La administración insiste en que esta es la única manera de evitar la quiebra de la empresa estatal, pero lo que no dice es que este tipo de políticas irresponsables nos llevan al borde de un colapso fiscal. El Perú ya lucha por mantener su déficit fiscal dentro del 2%, y este nuevo endeudamiento nos aleja aún más de ese objetivo. ¿Qué garantías ofrece el gobierno de que PETROPERÚ no volverá a ser un peso muerto para el Estado?

2. El riesgo de desabastecimiento energético como una cortina de humo

El gobierno justifica el decreto asegurando que busca evitar el desabastecimiento de hidrocarburos, pero ¿por qué PETROPERÚ ha llegado a este punto de vulnerabilidad? La empresa ha estado al borde del colapso durante años, y la dependencia de medidas de financiamiento a corto plazo no es más que otro síntoma de su mal manejo. Es preocupante que se utilice el miedo al desabastecimiento energético como argumento para justificar más préstamos y más deuda. ¿Acaso no es la misma ineficiencia del Estado la que nos ha traído a esta situación, poniendo en riesgo a millones de peruanos, especialmente en las zonas más alejadas como Loreto y Ucayali?

3. Ineficiencia en la reestructuración: Una historia que se repite

El decreto propone una «transformación integral» de PETROPERÚ mediante la contratación de una firma especializada, como si eso fuera a resolver mágicamente los problemas. Pero el historial de la empresa en la ejecución de proyectos, como la Refinería de Talara, debería ser motivo suficiente para cuestionar la capacidad del gobierno y del directorio para implementar una verdadera reestructuración. Ya hemos visto antes cómo los proyectos públicos se dilatan y se encarecen sin ofrecer los resultados prometidos. ¿Por qué deberíamos creer que esta vez será diferente? El problema parece ser más profundo que lo que el gobierno está dispuesto a admitir.

4. Medidas de austeridad superficiales

Las medidas de austeridad incluidas en el decreto, como la reducción del 10% del presupuesto de gastos hasta diciembre de 2024 y un recorte del 30% para 2025, suenan bien en teoría, pero no abordan los problemas reales. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir PETROPERÚ con estas medidas temporales antes de que vuelvan a necesitar otro rescate financiero? El gobierno no parece tener un plan concreto a largo plazo y, una vez más, deja la puerta abierta para futuros parches y soluciones a medias que solo agravan la crisis.

5. Un futuro sombrío para las finanzas públicas

El decreto coloca al Estado en una situación comprometida a largo plazo. Al asumir temporalmente las obligaciones de PETROPERÚ, el gobierno apuesta por la recuperación de la empresa, pero los riesgos de que no logre estabilizarse son demasiado altos. Si PETROPERÚ no mejora, será el pueblo peruano quien pague el precio, asumiendo una carga fiscal que podría haberse evitado si se hubieran tomado decisiones más acertadas y menos impulsivas en el pasado.

El Decreto de Urgencia N.º 013-2024 no es más que un intento del gobierno de postergar una crisis inevitable. En lugar de asumir la responsabilidad por la mala gestión de PETROPERÚ, se nos presenta una serie de medidas que comprometen aún más las finanzas públicas, sin garantías reales de éxito. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se pongan parches a los problemas estructurales de nuestras empresas estatales? Es momento de que el gobierno sea honesto sobre la magnitud de la crisis y comience a tomar decisiones serias y sostenibles que realmente beneficien al país.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Por qué es tan riesgoso que el gobierno asuma la deuda de PETROPERÚ?
   Porque se incrementa la deuda pública en un contexto fiscal ya complicado, lo que podría llevar a incumplir metas fiscales importantes y a una crisis financiera a largo plazo.
2. ¿Es posible evitar el desabastecimiento energético sin asumir más deuda?
   Sí, pero ello implicaría una gestión eficiente y transparente de PETROPERÚ, algo que hasta ahora el gobierno no ha demostrado.

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