En los últimos años, el Perú ha visto un ascenso alarmante del crimen organizado, que no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también está devastando la economía y la vida cotidiana de miles de familias y emprendedores. El problema ha crecido hasta tal punto que, en la práctica, existe un «gobierno paralelo» operado por estas redes criminales. Este fenómeno se ha convertido en una sombra que amenaza con controlar la nación ante la incapacidad del Estado de ofrecer una respuesta efectiva.
Hoy en día, empresarios de todos los tamaños, desde pequeños bodegueros hasta grandes industrias, enfrentan extorsiones que limitan sus actividades y comprometen sus ingresos. Negocios de distintos sectores, como salones de belleza, restaurantes, comercios textiles y hasta los comedores populares, están bajo constante amenaza. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué podemos hacer como sociedad para revertir este panorama?
El fenómeno económico: El poder del crimen organizado
El crimen organizado en el Perú ha crecido a tal nivel que ya no es solo un problema de seguridad, sino también un fenómeno económico. Estas organizaciones delictivas no solo extorsionan a las empresas, sino que también generan economías ilegales, como la minería ilegal, que influyen directamente en el sistema político y económico del país. El flujo de dinero ilícito no solo alimenta la violencia, sino que también distorsiona el mercado, creando competencia desleal y hundiendo en la informalidad a miles de emprendedores.
La teoría económica que mejor explica este fenómeno es la del capitalismo de compinches o «crony capitalism», donde la riqueza y el poder no se distribuyen por el libre mercado, sino por conexiones y favores dentro de estructuras corruptas. Esto perpetúa la desigualdad y limita el crecimiento económico real, ya que los recursos se destinan a mantener el control de unos pocos, en lugar de generar bienestar para la mayoría.
Impacto en la vida cotidiana: Más allá de la inseguridad
El crimen organizado afecta directamente a la economía familiar. Las extorsiones a negocios obligan a subir los precios de productos y servicios, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Además, la incertidumbre y el miedo frenan la inversión y el crecimiento de las empresas, generando desempleo y precariedad. En un país donde muchas familias dependen de pequeños emprendimientos, el impacto es devastador.
Es importante recordar que esta situación no solo afecta a los negocios, sino también a la estabilidad social y la confianza en las instituciones. Si el Estado no actúa con firmeza, la economía del crimen continuará expandiéndose, deteriorando aún más la calidad de vida de todos los peruanos.
Recomendaciones: ¿Qué podemos hacer?
Para enfrentar este fenómeno, es necesario un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Aquí algunas soluciones prácticas que podrían ayudar a frenar el avance del crimen organizado:
- Aprobar leyes más severas: El Congreso debe tipificar los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas. También es clave derogar las modificaciones recientes al Código Penal que han debilitado la lucha contra el crimen.
- Fortalecer las instituciones: La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial necesitan más recursos y capacitación para actuar de manera eficiente contra estas mafias. Sin instituciones sólidas, no hay posibilidad de éxito.
- Proteger a los emprendedores: Es crucial crear programas de protección para los pequeños y medianos empresarios, que son los más afectados por las extorsiones. El apoyo del Estado en esta área es fundamental para mantener el tejido económico del país.
- Promover la formalización: Los negocios formales tienen más herramientas para defenderse y acceder a protección legal. Incentivar la formalización de los emprendimientos puede ser una estrategia efectiva para disminuir la vulnerabilidad frente al crimen.
Los gremios empresariales se han pronunciado. Confiep señala que el Congreso debe aprobar en el más breve plazo, el PL que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado.
La Cámara de Comercio de Lima señala que la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, no es suficiente. Esta medida debe ir acompañada de acciones concretas y articuladas con las actuales autoridades regionales y locales para desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país.
Para ello se propone:
- Declarar en estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), para dotarla de la infraestructura, equipamiento y todos los recursos logísticos y operativos necesarios para la lucha contra la criminalidad.
- Reducir la brecha de déficit de personal policial. Actualmente, se requiere alrededor de 50 mil efectivos policiales.
- Incorporar agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia que se encuentran en situación de retiro.
- Tomar control de las 120 zonas vulnerables del país, que se encuentran debidamente identificadas, a través de acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la articulación de sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la criminalidad.
Llamado a la acción
El Perú está en una encrucijada. Si no actuamos ahora, el crimen organizado seguirá tomando control del país, destruyendo nuestra economía y nuestras oportunidades de crecimiento. Como ciudadanos, debemos exigir medidas concretas de nuestras autoridades y, como emprendedores, buscar soluciones para proteger nuestros negocios. ¡Es momento de actuar con firmeza y valentía para recuperar el Perú que todos soñamos!
Preguntas frecuentes:
- ¿Cómo afecta el crimen organizado a la economía familiar?
Las extorsiones aumentan los costos de producción, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores y una menor capacidad de ahorro en las familias. - ¿Qué puede hacer el ciudadano común para frenar el avance del crimen organizado?
Apoyar la formalización de los negocios locales, exigir transparencia y actuar desde la legalidad son acciones clave para debilitar las economías criminales.
👉🏽 Según Decreto Legislativo N° 1524, las empresas y los sujetos que oferten bienes y servicios deben consignar sus números de RUC en toda la documentación utilizada en sus ofertas. Cuaderno Borrador es una marca administrada por Flanker Investment Group (RUC 20609240068)
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