Contrabando en la Frontera Sur de Perú

El auge del contrabando en la frontera entre Perú y Bolivia representa un desafío creciente para la economía y seguridad del país. Esta actividad ilegal, que mueve millones en mercancías ilícitas como cigarrillos y ropa usada, no solo evade impuestos sino que financia redes criminales que debilitan las instituciones estatales y contribuyen a la inestabilidad.

La frontera sur de Perú, especialmente en zonas como el distrito de Tilali, ha visto un incremento alarmante en el contrabando de productos como cigarrillos, combustibles y ropa usada. Esta práctica ilícita opera a gran escala y en plena luz del día, eludiendo a las autoridades locales en su paso desde Bolivia hacia territorio peruano. Con convoyes armados y una red bien organizada, el contrabando ha evolucionado hacia una sofisticada cadena de distribución que involucra a mafias criminales, según Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El contrabando en Perú se ha transformado de un problema aduanero a una amenaza compleja para la seguridad nacional, una situación que puede ser entendida a través de la teoría económica del crimen organizado. Esta teoría sugiere que, cuando los beneficios de las actividades ilícitas superan los riesgos, los delincuentes crean estructuras organizativas complejas para maximizar ganancias y minimizar interferencias. En el caso de la frontera sur, el comercio ilícito de cigarrillos y ropa de segunda mano se ha convertido en un negocio rentable para las redes del crimen, erosionando la economía formal y debilitando el tejido social.

La economía peruana pierde aproximadamente 600 millones de dólares al año debido al contrabando. Esta pérdida no solo afecta a las empresas formales que ven cómo sus productos compiten con mercancías a precios reducidos, sino también al Estado, que deja de percibir impuestos cruciales para la inversión en infraestructura y servicios públicos. Además, el contrabando fomenta la informalidad y facilita la expansión de actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, creando un círculo vicioso de criminalidad y corrupción que afecta a toda la sociedad.

Recomendaciones
Para combatir el contrabando, es fundamental reforzar la presencia de las autoridades aduaneras y policiales en las zonas fronterizas, especialmente en puntos vulnerables como Tilali. A nivel personal, se recomienda que los consumidores eviten adquirir productos de contrabando, ya que, aunque puedan ser más económicos, estos financian redes criminales que generan daños profundos a la sociedad y economía peruana. Promover una cultura de compra responsable y educar sobre las consecuencias del comercio ilegal son pasos cruciales para disminuir la demanda de estos productos.

La lucha contra el contrabando fortalece la democracia al promover un entorno de justicia y seguridad económica donde los ciudadanos y empresarios honestos pueden competir en condiciones equitativas. En términos de estándares GRI, esta situación está directamente relacionada con el estándar GRI 205: Anticorrupción, ya que visibiliza cómo la corrupción asociada al contrabando afecta la transparencia y la estabilidad de las instituciones peruanas. Combatir este comercio ilícito no solo protege la economía formal, sino que ayuda a construir una sociedad más justa, en la que se reduce la desigualdad y se promueven prácticas comerciales legítimas.

Enfrentar el contrabando requiere un esfuerzo colectivo. No solo se trata de las autoridades, sino de cada peruano que puede optar por consumir productos de origen legal y contribuir así a frenar esta red de delitos que afecta la seguridad y la economía. ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras decisiones de compra? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para apoyar la economía formal?


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