La gestión del riesgo de desastres y la lucha contra las drogas, pone en evidencia avances moderados y preocupantes estancamientos. Si bien los esfuerzos por modernizar la gestión pública muestran pequeñas mejoras, los desafíos estructurales siguen siendo enormes. En un país marcado por sismos, inundaciones, el Fenómeno de El Niño y el impacto de las economías ilegales como el narcotráfico, los resultados no solo afectan la economía nacional, sino también la vida cotidiana de millones de peruanos. Este análisis busca desentrañar las cifras y proponer soluciones prácticas para transformar estas políticas en verdaderas herramientas de cambio.

En términos de gestión del riesgo de desastres, el porcentaje de viviendas ubicadas en zonas de alta exposición a peligros naturales se ha mantenido constante en un preocupante 51.6% desde 2018. Esto refleja un estancamiento en la planificación urbana y la falta de inversión en infraestructura resiliente. Según teorías como la «economía de la prevención», invertir en reducción de riesgos antes de los desastres genera un retorno mucho mayor que los costos de la reconstrucción. Este estancamiento, por tanto, representa una pérdida económica potencial que podría ser evitada con políticas más proactivas.

Por otro lado, en la lucha contra las drogas, el porcentaje de hoja de coca destinada a la producción ilícita ha alcanzado un alarmante 99.66% en 2023, un aumento del 7.66% desde 2021. Este incremento no solo erosiona la economía formal, sino que alimenta redes ilícitas que perpetúan desigualdades y debilitan las instituciones democráticas. Desde una perspectiva económica, esta situación refuerza el ciclo de informalidad y precariedad, alejando recursos humanos y financieros de actividades productivas legales.

Impacto en la vida cotidiana

Estos problemas tienen implicancias directas para las familias peruanas. Por ejemplo, los hogares en zonas vulnerables a desastres no solo enfrentan pérdidas materiales, sino también un aumento en el costo de los seguros y una incertidumbre constante que afecta su calidad de vida. Asimismo, la expansión de la producción ilícita de coca repercute en la inseguridad ciudadana, disminuyendo la confianza en el Estado y reduciendo las oportunidades económicas legales, especialmente en las regiones productoras.

En cuanto a la modernización de la gestión pública, aunque el porcentaje de políticas prioritarias aprobadas subió ligeramente de 72% en 2022 a 73% en 2023, esta mejora no es suficiente para enfrentar los retos mencionados. La lenta modernización limita la capacidad del gobierno para responder con eficacia y rapidez a problemas complejos, como desastres naturales y el narcotráfico.

Desde un ángulo democrático, los datos reflejan una doble cara. Por un lado, atender más emergencias (27.17% en 2023 frente al 24% en 2021) demuestra un pequeño avance en la capacidad del Estado para responder a crisis. Sin embargo, el estancamiento en la reducción de riesgos y el aumento del narcotráfico minan la confianza pública en las instituciones. Sin un enfoque integral y participativo, estos problemas podrían exacerbar la percepción de desigualdad y exclusión, debilitando la democracia en lugar de fortalecerla.

Respecto a los estándares GRI (Global Reporting Initiative), la información presentada está alineada con el GRI 11 sobre uso de tierra y planificación, ya que aborda directamente el impacto del desarrollo urbano y la resiliencia frente a desastres. También toca el GRI 203, que mide el impacto social y económico indirecto, como el efecto del narcotráfico en la economía local y la seguridad. Sin embargo, para contribuir plenamente a estos estándares, es crucial incluir metas claras de reducción de riesgos y un monitoreo transparente de los avances.

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