En un evento oficial dirigido a mujeres agricultoras, la presidenta Dina Boluarte destacó el ingenio de las familias peruanas para “inventarse” soluciones con apenas S/10 diarios. Sus palabras, lejos de inspirar confianza, subrayan la brecha entre el discurso político y la realidad económica que enfrentan millones de peruanos. En un contexto donde los ingresos laborales siguen 5% por debajo de los niveles prepandemia, estas declaraciones han generado críticas por su falta de sensibilidad frente a la crisis que afecta al país.

Boluarte mencionó que el sector agrícola es una prioridad para su Gobierno, subrayando que representa el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) y genera más de cuatro millones de empleos. Sin embargo, este reconocimiento parece quedarse en las palabras, mientras que las cifras revelan una crisis que no ha sido atendida con políticas concretas ni efectivas.

El mercado laboral peruano sigue enfrentando los efectos de la pandemia y la recesión económica de 2023, considerada la peor en casi tres décadas. Según datos recientes, los ingresos ajustados por inflación han retrocedido, afectando principalmente a Lima Metropolitana, donde las familias enfrentan una pérdida mensual de S/115 respecto a 2019.

En lugar de abordar soluciones estructurales, el discurso presidencial destaca la “creatividad” de las mujeres para sobrevivir con presupuestos mínimos, como si esto fuese un logro en lugar de un síntoma de una profunda precarización económica. Esta narrativa, además de desinformar, desvía la atención de la falta de medidas concretas para reactivar el empleo y reducir la informalidad.

El costo de políticas insuficientes

Las familias peruanas están asumiendo el peso de una crisis que el Gobierno parece no priorizar. Con ingresos reducidos, las personas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, educación y servicios básicos. Este panorama es especialmente grave en zonas rurales, donde la agricultura familiar, responsable del 90% de la producción alimentaria, sigue trabajando en condiciones de precariedad.

El discurso de Boluarte no solo minimiza las dificultades económicas, sino que también refuerza una narrativa que perpetúa desigualdades estructurales. Mientras las familias se esfuerzan por adaptarse, las políticas públicas no responden a las demandas urgentes del país.

Estas declaraciones ponen en cuestión el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la democracia. Una democracia sólida no se basa en la resiliencia forzada de su población, sino en garantizar condiciones de vida dignas y equitativas. Al no abordar la crisis laboral con medidas efectivas, el Estado arriesga erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Desde la perspectiva de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), específicamente el GRI 203-2 sobre contribuciones económicas a las comunidades, el Gobierno podría utilizar este marco para medir y reportar avances en el sector agrario. Sin embargo, la falta de políticas claras para impulsar la agricultura familiar evidencia una desconexión con este enfoque de sostenibilidad.

El GRI 203-2 es un estándar internacional que evalúa los impactos económicos significativos que una organización o entidad genera en la sociedad, midiendo aspectos como el empleo, el desarrollo de comunidades locales y el acceso a infraestructura y servicios esenciales. En el contexto de la crisis laboral peruana, este estándar resulta clave para analizar si las políticas públicas, especialmente en sectores como la agricultura familiar, están promoviendo un desarrollo económico sostenible. Por ejemplo, permite medir si los recursos asignados por el Gobierno están generando empleos formales, mejorando las condiciones de vida en zonas rurales o fortaleciendo la productividad de un sector que emplea al 25% de la Población Económicamente Activa (PEA).

En este escenario, aplicar el GRI 203-2 ayudaría a transparentar la inversión pública y a evaluar su impacto real en comunidades vulnerables. Además, serviría como herramienta de rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos y organismos de control monitorear si las acciones gubernamentales realmente reducen la pobreza y fomentan el desarrollo inclusivo. Si el Gobierno priorizara el uso de este estándar, podría demostrar un compromiso tangible con el desarrollo sostenible, en lugar de recurrir a narrativas que minimizan la gravedad de la crisis laboral.

La recuperación económica no puede depender de que las familias “se la inventen.” Los ciudadanos merecen un gobierno que ofrezca soluciones reales, no frases vacías. ¿Cómo crees que podemos exigir un cambio en las políticas públicas? Comparte tu opinión y hagamos oír nuestra voz.

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