El sistema penitenciario del Perú enfrenta retos estructurales que ponen en evidencia la precariedad en el acceso a servicios básicos y la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia. Estos problemas, lejos de ser meros datos aislados, reflejan un fenómeno económico y social que impacta directamente en los derechos humanos y en el costo de oportunidad para el desarrollo del país. Pero, ¿qué significa esto para la economía peruana, y cómo afecta nuestra democracia? En esta nota, desglosamos las cifras, analizamos su impacto y proponemos soluciones concretas.

Desigualdad en la reinserción laboral

Los datos son alarmantes. En 2023, el 37% de las personas privadas de libertad en el Perú no tenían una sentencia, una leve mejora respecto al 37.9% de 2022, pero aún lejos de los niveles de 2019 (36.5%). Esto significa que más de un tercio de los reclusos permanece detenido en condiciones de incertidumbre legal, lo que genera altos costos económicos y sociales. Además, solo el 1.32% de los reclusos tiene acceso a servicios básicos, un incremento marginal de 0.05 puntos porcentuales frente a 2022.

Este fenómeno económico se relaciona con la teoría del capital humano, que sostiene que el desarrollo de una sociedad depende de su capacidad para formar y reinsertar laboralmente a sus integrantes. Sin embargo, el Perú parece estancado en este aspecto: los indicadores clave de reinserción laboral y espacio penitenciario no se actualizan desde 2019, según el Reporte de Seguimiento de la Política Nacional Penitenciaria.

Impacto en la economía y la democracia

Los efectos económicos de este problema son profundos. La sobrepoblación carcelaria y la falta de reinserción generan un costo fiscal significativo: mantener a una persona en prisión es más caro que invertir en su rehabilitación. Además, la falta de acceso a servicios básicos agrava las condiciones de vida, perpetuando la exclusión social y reduciendo las posibilidades de reintegración.

Desde una perspectiva democrática, este sistema desigual erosiona la confianza en el Estado de derecho. La justicia tardía o inexistente para quienes esperan sentencia fomenta una percepción de desigualdad, afectando el contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar procesos judiciales más rápidos contribuirían a fortalecer la democracia, ya que garantizarían el acceso igualitario a la justicia.

Estándares GRI: derechos humanos y justicia social

La falta de actualización de indicadores relacionados con la reinserción laboral y las condiciones carcelarias también supone un retroceso en los estándares GRI (Global Reporting Initiative), específicamente el estándar GRI 403 (Salud y Seguridad Ocupacional), que incluye el acceso a condiciones dignas para todos los trabajadores, incluidos aquellos en procesos de reintegración. Si el Perú aspira a cumplir con metas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, debe priorizar la recopilación de datos fiables y actuar en consecuencia.

En el sistema penitenciario peruano, los estándares GRI (Global Reporting Initiative) ayudan a evaluar cómo las políticas actuales afectan los derechos humanos, la sostenibilidad y la justicia social. Por ejemplo, el estándar GRI 403: Salud y Seguridad Ocupacional resalta la necesidad de garantizar condiciones dignas, como el acceso a servicios básicos. Sin embargo, en 2023, solo el 1.32% de las personas privadas de libertad contaban con estos servicios, evidenciando una grave brecha que afecta su salud, dignidad y posibilidades de reinserción.

Además, el estándar GRI 413: Comunidades Locales se enfoca en el impacto social del sistema penitenciario en las comunidades. La falta de programas efectivos de capacitación laboral y datos actualizados sobre la reinserción laboral desde 2019 perpetúa ciclos de exclusión y pobreza, no solo para los internos, sino también para sus familias. Esto refleja un incumplimiento del Estado en proporcionar oportunidades reales de rehabilitación, afectando directamente la cohesión social y económica.

Por último, el estándar GRI 102: Divulgación de Información subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública. La ausencia de reportes confiables sobre indicadores clave como la densidad penitenciaria y el acceso a empleo postpenitenciario impide una evaluación adecuada de las políticas públicas, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Cumplir con estos estándares no solo fortalecería los derechos humanos, sino que también contribuiría al desarrollo sostenible y a una democracia más sólida e inclusiva.

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