En la segunda jornada de la 62° edición de CADE Ejecutivos, el evento empresarial más importante del Perú, destacados líderes del ámbito económico y político debatieron sobre la urgente necesidad de impulsar la inversión privada y modernizar la gestión estatal. En la sesión titulada “Inversión privada, gestión del Estado y bienestar”, se plantearon soluciones para abordar los retos estructurales del país, como la inseguridad, la corrupción y la baja productividad, con miras a un crecimiento económico sostenible.

Carlos Paredes, socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, enfatizó que el Perú enfrenta desafíos estructurales que no pueden ser superados sin una reforma profunda en la gestión estatal. “La inversión privada es fundamental, pero sin un Estado eficiente, no lograremos el impacto que necesitamos,” afirmó. Según Paredes, la corrupción, la inestabilidad política y la falta de un sistema de justicia efectivo han sido barreras históricas que limitan el potencial del país. Para superar estos problemas, propuso trabajar en un modelo de colaboración que combine la capacidad innovadora del sector privado con un Estado que garantice regulaciones claras y servicios públicos de calidad.

En su intervención, Paredes destacó la importancia de alinear las prioridades del sector público y privado para abordar desafíos como la inseguridad y la baja productividad. “El sector privado ha demostrado que puede generar soluciones innovadoras, pero necesita un entorno donde estas propuestas puedan desarrollarse sin trabas burocráticas ni incertidumbres legales,” agregó. Además, señaló que un Estado reformado no solo debe ser eficiente en la ejecución de políticas, sino también ser capaz de generar confianza entre los ciudadanos y los actores económicos.

Diagnóstico económico y proyecciones

Elmer Cuba, socio de Macroconsult, ofreció un análisis profundo sobre cómo el Perú ha enfrentado históricamente barreras que limitan su crecimiento económico. “Después de 200 años de independencia, nuestra economía sigue siendo solo una quinta parte del PBI de Estados Unidos. Esto no es solo un problema de falta de inversión privada, sino también de un Estado que no evoluciona,” explicó. Cuba señaló que el modelo económico actual no puede sostenerse si no se cierra la brecha entre un sector privado moderno y un aparato estatal desactualizado e ineficiente.

Cuba también enfatizó que la falta de ejecución en proyectos públicos y la ausencia de una visión a largo plazo perpetúan problemas como la desigualdad y la pobreza. “El potencial económico del Perú es enorme, pero está siendo limitado por un Estado que no puede cumplir con sus responsabilidades básicas,” afirmó. Para Cuba, el crecimiento sostenido solo será posible si se implementan reformas estructurales que permitan al gobierno y al sector privado trabajar en conjunto, optimizando recursos y fortaleciendo las capacidades institucionales.

Un entorno propicio para la inversión

Norman Loayza, director del Banco Mundial, resaltó que ningún país ha alcanzado el desarrollo sin un crecimiento económico sostenido liderado por la inversión privada. “El sector privado puede ser el motor del progreso, pero sin un entorno estable y propicio, el crecimiento será desigual y limitado,” afirmó. Loayza destacó que la falta de regulaciones claras y de servicios públicos eficientes no solo afecta a los empresarios, sino también a los ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de un sistema poco funcional.

En su análisis, Loayza hizo hincapié en la importancia de construir un Estado que garantice estabilidad y fomente la confianza. “Un gobierno eficiente no solo regula, sino que también impulsa a sus ciudadanos y empresas a alcanzar su máximo potencial,” explicó. Señaló que la colaboración público-privada no es una opción, sino una necesidad urgente para lograr un desarrollo sostenible y equitativo que beneficie a toda la población.

Reformas estructurales para la democracia

Ana Rosa Valdivieso, alta representante para la adhesión del Perú a la OCDE, subrayó cómo las reformas estructurales que impulsa este proceso son clave para modernizar el Estado y fortalecer la democracia. “Un Perú que aspira a ser parte de la OCDE necesita construir instituciones sólidas que promuevan la formalización, la inclusión y la transparencia,” afirmó. Valdivieso destacó que estas reformas no solo buscan mejorar la eficiencia del aparato estatal, sino también generar confianza en un momento donde la polarización política amenaza la cohesión social.

Valdivieso también destacó que el sector privado tiene un papel crucial en este proceso. “La inversión privada puede transformar las economías locales y nacionales, pero necesita un marco institucional que ofrezca estabilidad y reglas claras,” explicó. Señaló que la adhesión a la OCDE no es solo un objetivo económico, sino también una oportunidad para reconstruir la confianza ciudadana y combatir el populismo, promoviendo un entorno democrático más sólido e inclusivo.

El rol del Estado en el desarrollo económico

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, fue categórico al señalar que la falta de eficiencia del Estado es uno de los principales factores que limita el crecimiento económico del Perú. “Un Estado inoperante está detrás de problemas como el crimen, la corrupción y la baja calidad de los servicios básicos,” afirmó. Según Tuesta, la mala ejecución de la inversión pública y la falta de capacidad de gestión han perpetuado un modelo desigual, en el que millones de ciudadanos no acceden a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. Subrayó que es urgente diseñar una hoja de ruta que aborde estas deficiencias de manera estructural y sostenida.

En su intervención, Tuesta también enfatizó que la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para salir de este estancamiento. “El sector privado tiene la capacidad de liderar el crecimiento, pero necesita un entorno donde las reglas sean claras y las inversiones sean bien ejecutadas,” explicó. Además, destacó que las reformas no deben limitarse a resolver problemas inmediatos, sino que deben estar orientadas a construir un modelo sostenible que promueva la competitividad, fomente la innovación y genere confianza entre los inversionistas, las instituciones y los ciudadanos.