En la 62° edición de CADE Ejecutivos, se presentó una propuesta ambiciosa que busca garantizar un sistema de salud universal inclusivo, eficiente y sostenible para todos los peruanos. Midori de Habich, miembro del Comité de Salud de IPAE Acción Empresarial, señaló que, aunque el aseguramiento universal ha reducido las barreras económicas, todavía existen desafíos importantes relacionados con la calidad de los servicios. “Un sistema de salud universal no solo debe garantizar acceso, sino también servicios de alta calidad que generen confianza en los ciudadanos,” destacó.

La propuesta, desarrollada bajo cuatro principios fundamentales —acceso universal, rectoría y fiscalización, resiliencia del sistema y el uso de tecnología innovadora— plantea una colaboración público-privada que permita integrar eficientemente todos los niveles del sistema de salud. Además, se subrayó la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, mejorar la gestión hospitalaria, asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales y promover la innovación en todos los procesos relacionados con la salud.

Desde el comité de Salud de IPAE se ha trabajado bajo cuatro principios para contribuir a lograr un servicio de salud universal en colaboración público-privad, cuyo fin sea garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso al cuidado integral de su salud sin discriminación de ningún tipo y con una cobertura óptima.  

Estos cuatro principios son, primero, acceso y aseguramiento universales; segundo, rectoría y fiscalización que protegen la salud y el bienestar de los ciudadanos; tercero, un sistema de salud resiliente para asegurar la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria; cuarto, innovación y tecnología para mejorar el acceso y servicio.

En ese sentido, planteó la reflexión sobre la situación de EsSalud y el Sistema Integral de Salud (SIS); el fortalecimiento del primer nivel de atención, mejorando su sinergia con la salud comunitaria y las iniciativas de salud pública; mejorar la gestión de la atención hospitalaria (promoción de asociaciones público-privadas); la urgencia del problema de abastecimiento de medicamentos esenciales, garantizando su disponibilidad y una distribución eficiente en todo el país; y la necesidad de diálogo para fortalecer la innovación; y la importancia de generar confianza entre los diferentes actores involucrados en el sector salud; entre otros.

Agregó que fortalecer el primer nivel de atención implica capacitar a los profesionales de la salud, mejorar los establecimientos y fomentar la participación comunitaria, construyendo una base resiliente para mejoras a largo plazo en la salud.

Impacto en la vida diaria y la economía nacional

Un sistema de salud sólido tiene efectos directos en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo económico del país. La mejora del primer nivel de atención, que incluye centros de salud comunitarios, garantiza que las familias puedan resolver problemas médicos comunes sin necesidad de acudir a hospitales más costosos y saturados. Esto no solo reduce los gastos inesperados, sino que también mejora la productividad al disminuir las pérdidas económicas relacionadas con enfermedades no tratadas o mal manejadas.

En términos económicos, invertir en salud pública crea empleos directos en construcción de infraestructura, distribución de medicamentos y capacitación del personal médico. También mejora la competitividad del país al garantizar una población sana y productiva, un elemento crucial para atraer inversión extranjera.

La teoría del capital humano sostiene que las inversiones en las personas, como en educación, salud y habilidades, aumentan su productividad y contribuyen al desarrollo económico. En este caso, la propuesta de un sistema de salud universal presentada en CADE Ejecutivos refuerza esta teoría al priorizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad. Al mejorar la atención en el primer nivel de salud, capacitar al personal médico y asegurar el abastecimiento de medicamentos, se busca garantizar que la población tenga las condiciones necesarias para participar activamente en la economía. Una población más saludable es más productiva, enfrenta menos días de trabajo perdidos y contribuye de manera más significativa al crecimiento económico.

La inversión en salud también se traduce en beneficios a largo plazo para las familias y las comunidades. Por ejemplo, al reducir los gastos imprevistos en atención médica y enfermedades crónicas no tratadas, las familias pueden destinar más recursos a la educación y al consumo, lo que dinamiza la economía local. Este enfoque está alineado con la teoría del capital humano, que ve la salud no solo como un derecho, sino también como un recurso estratégico para el desarrollo social y económico. En el caso de Perú, fortalecer el acceso a servicios de salud en las regiones menos favorecidas puede cerrar brechas de desigualdad y fomentar la movilidad social.

Además, el fortalecimiento del sistema de salud con innovación tecnológica y colaboración público-privada crea un entorno propicio para el desarrollo de competencias especializadas en el sector salud. Esto incluye la formación de personal médico capacitado y la creación de empleos relacionados con infraestructura sanitaria y distribución de medicamentos. Este ciclo de mejora continua incrementa el capital humano del país, posicionándolo de manera competitiva en el ámbito regional e internacional. Así, la inversión en salud no solo beneficia a los individuos directamente, sino que impulsa el desarrollo económico sostenible y mejora la calidad de vida en el largo plazo.

Innovación y estándares internacionales: el GRI 203-2

La propuesta presentada por IPAE también cumple con el estándar GRI 203-2 (Impactos indirectos económicos significativos), que evalúa los efectos positivos de las inversiones en infraestructura social. En este caso, fortalecer el primer nivel de atención y fomentar el uso de tecnología no solo mejora la cobertura sanitaria, sino que también genera beneficios indirectos, como un mejor desempeño escolar y laboral debido a una población más saludable.

El estándar GRI 203-2 (Impactos indirectos económicos significativos) evalúa cómo las inversiones en infraestructura y servicios generan beneficios económicos y sociales más allá de los directamente previstos. En el caso de la propuesta de salud universal presentada en CADE Ejecutivos 2024, este estándar es relevante porque las mejoras en el sistema de salud, particularmente en el primer nivel de atención, no solo benefician directamente a los usuarios, sino que también impulsan efectos secundarios importantes en la economía y la calidad de vida de las comunidades. La reducción de barreras económicas y la mejora en la calidad del servicio contribuyen a una población más sana, lo que a su vez genera un impacto positivo en la productividad laboral y la estabilidad social.

Un ejemplo claro de este impacto es el fortalecimiento del primer nivel de atención, que implica mejorar la infraestructura, capacitar al personal médico y garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales. Estas acciones reducen la necesidad de derivaciones a hospitales especializados, descongestionando el sistema y disminuyendo los costos para los pacientes. Indirectamente, esto también reduce el ausentismo laboral y escolar debido a problemas de salud mal atendidos, fomentando una población activa más productiva y un sistema económico más estable. Además, al implementar innovación tecnológica, como plataformas digitales para el seguimiento de pacientes y distribución de medicamentos, se genera una mayor eficiencia en los recursos invertidos, que puede ser reinvertida en otras áreas críticas.

Por otro lado, el impacto económico indirecto se extiende a las comunidades locales a través de la creación de empleos relacionados con la expansión de infraestructura sanitaria, desde la construcción de nuevos centros de salud hasta la logística para garantizar la distribución eficiente de insumos médicos. Estas inversiones también pueden atraer empresas interesadas en desarrollar soluciones tecnológicas para el sector salud, generando un ecosistema económico más diversificado. En este contexto, el GRI 203-2 destaca cómo las políticas públicas orientadas al bienestar social pueden tener un efecto multiplicador en la economía, al promover la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible a largo plazo.

Además, la promoción de asociaciones público-privadas asegura una mejor asignación de recursos, permitiendo que los servicios lleguen a regiones remotas. Este modelo, basado en la innovación tecnológica y una gestión eficiente, crea un sistema resiliente que responde a las necesidades del presente mientras se prepara para los retos futuros, como posibles pandemias o el envejecimiento poblacional.

Lograr un sistema de salud universal no es solo una meta, es un paso esencial para garantizar la equidad y el bienestar de todos los peruanos. Como señaló Midori de Habich: “La reconstrucción del futuro de nuestro país comienza con la salud.” Reflexiona: ¿Qué cambios crees que necesita el sistema de salud en tu comunidad? Participa en el debate y contribuye con tus ideas para construir un sistema que beneficie a todos. ¡Tu voz puede marcar la diferencia!