En el marco de la 62° edición de CADE Ejecutivos, IPSOS presentó los resultados de una encuesta realizada a 333 líderes corporativos de las principales empresas del país. El informe, que analiza la percepción del entorno nacional, revela un panorama crítico: el 84% de los encuestados considera que el país está en retroceso, el segundo nivel de pesimismo más alto registrado desde el gobierno de Pedro Castillo.

La inseguridad ciudadana y la corrupción son los problemas más críticos para los líderes empresariales, alcanzando un 83% y 82% de menciones respectivamente. Este contexto influye directamente en la estabilidad social y económica, ya que los empresarios señalan que el deterioro de las instituciones del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, agrava aún más la percepción de desconfianza y descontento en el país.

Impacto en la economía y el entorno empresarial

El informe también destacó que la aprobación de instituciones claves, como el Congreso y el Poder Ejecutivo, se encuentra en niveles mínimos, con solo un dígito de respaldo. Esto afecta negativamente el compromiso percibido del gobierno hacia la inversión privada, con un 77% calificándolo como deficiente o pésimo. Esta situación genera incertidumbre para los negocios y limita las oportunidades de crecimiento económico.

Pese a ello, los ejecutivos mantienen expectativas moderadas para el 2025. Proyectan un crecimiento del PBI nacional del 2.7%, mientras que esperan un aumento más significativo en los ingresos de sus empresas (+4.8%) y sus planillas (+7%). Estas cifras reflejan una mayor confianza en sus propios negocios que en el entorno económico general, alineándose con la teoría de expectativas racionales, donde las empresas ajustan sus decisiones en función de la incertidumbre externa y sus capacidades internas.

La Teoría de las Expectativas Racionales plantea que los agentes económicos, como los empresarios, toman decisiones basándose en la información disponible y en sus proyecciones sobre el futuro. En el caso del informe presentado por IPSOS en el marco de CADE Ejecutivos 2024, los líderes empresariales proyectan un crecimiento moderado para el PBI nacional (2.7%) en 2025, pero muestran mayor optimismo respecto al desempeño de sus propias empresas, esperando incrementos de 4.8% en ingresos y 7% en planillas. Este comportamiento refleja cómo las empresas ajustan sus expectativas y decisiones a la realidad económica y política, priorizando estrategias internas que les permitan sostener su crecimiento, incluso en un contexto de incertidumbre y retroceso institucional.

La teoría sugiere que estos líderes no toman decisiones basadas únicamente en las condiciones actuales, sino que incorporan expectativas racionales sobre el futuro del entorno de negocios. Por ejemplo, la percepción de que el gobierno no está promoviendo la inversión privada de manera efectiva (77% lo califica como deficiente o pésimo) impulsa a las empresas a depender más de sus propias capacidades de innovación, eficiencia y expansión controlada. Este ajuste de expectativas es racional, ya que se basa en datos reales como la creciente inseguridad, la corrupción y el deterioro de las instituciones públicas, que afectan directamente el clima empresarial.

Además, esta teoría explica por qué, a pesar del pesimismo general hacia la economía nacional, los líderes empresariales siguen proyectando mejoras en sus ingresos y en la contratación de personal. Las empresas internalizan la incertidumbre macroeconómica y buscan maximizar sus beneficios mediante decisiones estratégicas que les permitan enfrentar posibles adversidades. Este enfoque refleja una adaptación racional al entorno, donde las expectativas económicas individuales pueden diferir significativamente de las perspectivas generales del país debido a la capacidad de las empresas para controlar ciertos factores internos, como la productividad y la eficiencia operativa.

Fortaleciendo la democracia desde el sector privado

El informe revela que solo el 15% de las empresas fomenta activamente la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, lo que subraya la necesidad de un mayor involucramiento en políticas públicas y acciones colectivas para fortalecer la democracia. La percepción de deterioro institucional y el incremento de la inseguridad destacan la urgencia de una participación más activa del sector privado para construir confianza social y promover la gobernanza inclusiva.

Desde un enfoque de sostenibilidad, estas acciones se alinean con el estándar GRI 203-2 (Impactos indirectos económicos significativos), al priorizar iniciativas que no solo beneficien a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto. Esto incluye generar empleo digno, combatir la corrupción y apoyar proyectos que fortalezcan las capacidades institucionales del país.

El estándar GRI 203-2 (Impactos indirectos económicos significativos) evalúa cómo las decisiones y acciones de las organizaciones generan beneficios económicos más allá de su impacto directo. En este caso, la encuesta de IPSOS presentada en CADE Ejecutivos 2024 refleja cómo el deterioro institucional y la inseguridad ciudadana tienen repercusiones indirectas sobre la economía del Perú. Por ejemplo, la falta de confianza en las instituciones limita las inversiones y dificulta la generación de empleo, creando un círculo vicioso que impacta tanto en el sector empresarial como en las comunidades locales.

La percepción empresarial de que el país está en retroceso (84%) y la falta de compromiso del gobierno hacia la inversión privada (77% lo califican como deficiente o pésimo) generan un entorno económico inestable. Esto no solo afecta las decisiones de expansión de las empresas, sino que también repercute en la calidad de vida de los ciudadanos. Un entorno de inseguridad y corrupción eleva los costos operativos para las empresas, desde mayores inversiones en seguridad hasta pérdidas económicas por conflictos sociales, impactando indirectamente en la economía nacional al reducir la competitividad del país y limitar el crecimiento sostenible.

Sin embargo, la encuesta también destaca cómo las empresas pueden mitigar estos impactos indirectos adoptando compromisos más allá de su gestión operativa. Generar empleo digno (59%) y combatir la corrupción (48%) son acciones empresariales que, según el estándar GRI 203-2, pueden generar beneficios indirectos como la mejora del tejido social, la confianza pública y la atracción de nuevas inversiones. Estas iniciativas tienen el potencial de transformar los desafíos actuales en oportunidades para construir un ecosistema económico más inclusivo y resiliente, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie a toda la sociedad.

El panorama actual exige un compromiso renovado entre todos los actores del país. Como indicó el informe de IPSOS, “la reconstrucción del Perú requiere esfuerzos colectivos y sostenidos.” Reflexiona: ¿Qué acciones pueden tomar las empresas y los ciudadanos para impulsar un cambio real? Comparte tus ideas y súmate al debate para construir un Perú más próspero y democrático. ¡El cambio comienza contigo!