En la sesión “Reforma del sistema de justicia” de la 62° edición de CADE Ejecutivos, destacados juristas, legisladores y académicos debatieron sobre las principales propuestas para modernizar el sistema judicial del Perú. La discusión giró en torno a la necesidad de un sistema más eficiente, justo y adaptado a las demandas de una sociedad en constante cambio. Entre los expositores destacaron Jaime de Althaus, Gladys Echaíz, Natale Amprimo y Giovanni Priori, quienes enfatizaron cómo la reforma judicial no solo impacta en los derechos ciudadanos, sino también en el desarrollo económico y la confianza institucional.

Jaime de Althaus, presidente de Lampadia, destacó que una de las principales falencias del sistema es la dependencia de personal temporal en el Poder Judicial. “Un sistema que opera con jueces y fiscales provisionales no puede garantizar estabilidad ni credibilidad. Es necesario apostar por la titularidad y formación permanente para recuperar la confianza en la justicia,” señaló. Además, enfatizó que la implementación de herramientas tecnológicas como el expediente digital y la oralidad civil puede agilizar los procesos judiciales, reduciendo el tiempo y los costos que hoy afectan tanto a ciudadanos como a empresas.

De Althaus también mencionó que un sistema judicial eficiente es clave para atraer inversión privada, ya que genera un entorno de predictibilidad. “La justicia lenta es igual a justicia negada. Si queremos un país competitivo, necesitamos un sistema que resuelva con rapidez y transparencia, eliminando la burocracia que hoy lo paraliza,” afirmó, haciendo un llamado a la acción conjunta entre el Estado y el sector privado.

Formación y modernización para garantizar la justicia

La congresista Gladys Echaíz enfatizó la importancia de contar con un cuerpo judicial altamente capacitado e independiente. Propuso la creación de una escuela especializada en formación de magistrados, un cambio necesario ante la obsolescencia del sistema actual, que data de 1971. “No podemos esperar resultados diferentes si seguimos formando jueces y fiscales con métodos anticuados. Necesitamos profesionales con vocación, ética y capacidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI,” afirmó.

Echaíz también resaltó cómo un sistema judicial eficiente impacta directamente en la vida cotidiana de las personas. “Una justicia de calidad reduce la inseguridad, garantiza los derechos y mejora la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. No es solo un tema de abogados, es un tema de desarrollo nacional,” concluyó. Además, subrayó que estas reformas son esenciales para que los ciudadanos perciban al Poder Judicial como un aliado en la resolución de sus problemas, y no como un obstáculo.

Atracción de talento y actualización normativa

Natale Amprimo, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, destacó que el problema principal del sistema no es normativo, sino humano. “Hoy, los estudiantes de Derecho no aspiran a ser jueces como antes. Si queremos cambiar la justicia, debemos atraer a los mejores talentos mediante incentivos claros y una revalorización de la judicatura,” explicó. Amprimo también insistió en que la calidad del sistema judicial está directamente relacionada con la calidad de sus magistrados. “Seleccionar jueces y fiscales con los más altos estándares de probidad no es opcional; es una prioridad si queremos avanzar como país,” enfatizó.

En cuanto a las normativas, Amprimo sugirió que cualquier cambio debe ir acompañado de una implementación efectiva. “Reformar códigos y leyes es necesario, pero inútil si no tenemos un sistema que las aplique de manera correcta y justa,” añadió. Además, señaló que fortalecer la confianza en la justicia es crucial para consolidar la democracia, ya que un sistema judicial confiable protege los derechos de los ciudadanos y asegura un Estado de derecho sólido.

Justicia y desarrollo económico: el rol de los procedimientos

Giovanni Priori, profesor de Derecho Procesal en la PUCP, puso énfasis en cómo la modernización del sistema procesal puede mejorar significativamente el acceso a la justicia. “La justicia civil es un pilar fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos. Sin procedimientos ágiles y efectivos, el sistema judicial no puede responder a las demandas de una economía moderna,” explicó. Priori destacó la importancia de priorizar la atención a casos de flagrancia y delitos menores, los cuales congestionan innecesariamente los tribunales.

Además, Priori resaltó que el desarrollo económico está íntimamente ligado a un sistema judicial funcional. “Empresas y ciudadanos necesitan un entorno legal estable y predecible. Si queremos atraer inversión y promover el desarrollo, el Poder Judicial debe garantizar seguridad jurídica,” afirmó. Asimismo, propuso la actualización de los códigos procesales como una medida urgente para que el marco legal esté alineado con las necesidades actuales del país.

Las propuestas presentadas en CADE 2024 tienen un impacto significativo en la democracia y el desarrollo económico, al garantizar que la justicia sea accesible, rápida y confiable. Estas reformas están alineadas con el estándar GRI 203-2 (Impactos indirectos económicos significativos), al promover cohesión social, confianza institucional y un entorno propicio para la inversión y el bienestar ciudadano.

Reflexiona: ¿Qué cambios crees que son prioritarios para mejorar el sistema judicial en tu comunidad? Comparte tus ideas y únete al diálogo para construir un sistema que respalde los derechos y el desarrollo de todos los peruanos. ¡El cambio comienza contigo!