El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado luz verde a un incremento salarial de S/ 100 para los trabajadores del sector público de diversos regímenes laborales. Esta decisión, formalizada a través del Decreto Supremo N° 279-2024-EF, entrará en vigor en enero de 2025 y surge de la negociación colectiva para el próximo año fiscal. Sin embargo, mientras el gobierno presenta la medida como un avance para los servidores públicos, expertos advierten sobre sus implicancias económicas.

¿Quiénes se benefician?

El aumento salarial abarca a trabajadores bajo los siguientes regímenes:

• Decreto Legislativo N° 728: Trabajadores del esquema privado dentro del Estado.
• Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057).
• Carreras especiales: Incluye a personal penitenciario (Ley N° 29709) y diplomáticos (Ley N° 28091).
• Contratación Administrativa de Servicios (CAS): Bajo la Ley N° 1057.
• Decreto Legislativo N° 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

El ajuste de S/ 100 es remunerativo, pensionable y será considerado para el cálculo de beneficios laborales. Sin embargo, quienes perciban ingresos mensuales superiores a S/ 15,600 verán limitado el aumento para no superar este tope.

Preocupación por la sostenibilidad económica

La medida ha encendido las alarmas entre economistas y expertos en política fiscal. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), advirtió sobre el impacto que este incremento puede tener en el déficit fiscal, que ya alcanza el 4% del PBI, niveles no vistos desde 1992. Según Velarde, aunque el déficit es menor en comparación con otros países de la región, resulta elevado y preocupante para los estándares peruanos. “No estamos acostumbrados a déficits de esta magnitud, y no es sostenible para la economía peruana”, afirmó.

La principal crítica recae en que este tipo de decisiones, aunque populares, ignoran la necesidad de mantener un equilibrio fiscal. En un contexto de desaceleración económica, la capacidad del gobierno para financiar aumentos salariales sin agravar el déficit es cada vez más limitada.

Una medida justa con riesgos latentes

El incremento salarial puede considerarse un acto de justicia para miles de servidores públicos que ven estancados sus ingresos frente al alza del costo de vida. Sin embargo, el costo de esta “justicia” podría recaer en toda la ciudadanía si las finanzas públicas no logran sostener el aumento.

En un país donde las demandas sociales son múltiples y los recursos limitados, esta decisión plantea una pregunta crucial: ¿cómo balancear el reconocimiento a los trabajadores públicos con la responsabilidad fiscal? A menos que el gobierno logre articular una política económica más robusta, este aumento podría convertirse en un boomerang que afecte la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá del beneficio inmediato, el debate debe centrarse en un punto crítico: ¿se están tomando decisiones sostenibles para el largo plazo o simplemente se busca ganar popularidad en el corto plazo? En un Perú con recursos cada vez más limitados, la respuesta a esta pregunta definirá el rumbo del país.