Incremento del sueldo mínimo: ¿Una medida económica o un salvavidas político?

En medio de una desaprobación histórica, el gobierno de Dina Boluarte anuncia un aumento de S/ 105 en el sueldo mínimo, elevando la remuneración mínima vital a S/ 1,130 a partir del 1 de enero del 2025. La decisión, calificada como “responsable” por la mandataria, enfrenta críticas por su posible intención política.

La desaprobación de Dina Boluarte, que según encuestas alcanza un alarmante 95 %, genera dudas sobre el trasfondo de las medidas adoptadas recientemente. Entre ellas, el aumento del sueldo mínimo, anunciado como una iniciativa que busca beneficiar a los trabajadores, podría responder más a una estrategia para recuperar legitimidad que a un análisis técnico.

¿Populismo disfrazado de responsabilidad?

Durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Boluarte enfatizó que este incremento no es una medida populista ni un oportunismo político. Sin embargo, el contexto político sugiere lo contrario. El Ejecutivo tomó la decisión después de que el Consejo Nacional de Trabajo no alcanzara consenso, dejando al gobierno la responsabilidad de fijar el monto.

“Esta decisión la tomamos pensando en el bienestar de los peruanos”, aseguró Boluarte, mientras firmaba el decreto junto al ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Pero, con una aprobación que apenas roza el 3 % según recientes encuestas, el anuncio parece más una jugada desesperada para calmar el descontento popular que un gesto de responsabilidad económica.

Incrementos salariales en años electorales

Históricamente, los aumentos del sueldo mínimo en Perú han coincidido con periodos de baja aprobación presidencial o elecciones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). De los 14 aumentos en los últimos 24 años, 12 ocurrieron en contextos políticos similares al actual. Esta tendencia cuestiona la independencia técnica de decisiones que, en teoría, deberían estar basadas en análisis económicos y no en cálculos electorales.

El último incremento del salario mínimo ocurrió en 2022 bajo el gobierno de Pedro Castillo, pasando de S/ 930 a S/ 1,025. Antes de eso, en 2018, Pedro Pablo Kuczynski lo elevó de S/ 850 a S/ 930. Ambos incrementos se dieron en medio de crisis políticas, marcando un patrón recurrente.

Impacto económico y consecuencias

Si bien los S/ 105 adicionales representan un alivio para los trabajadores formales que ganan el sueldo mínimo, el incremento también podría generar efectos adversos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que enfrentan márgenes ajustados. La medida, en lugar de ser una solución, podría aumentar la informalidad laboral y dificultar la generación de nuevos empleos formales.

Además, con un ingreso laboral promedio mensual en Perú de S/ 1,695, según el INEI, el nuevo salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos básicos en muchas regiones del país. El aumento podría ser percibido como un gesto simbólico más que como una solución estructural a las necesidades de los trabajadores.

¿Solución o distracción?

El contexto de la medida no puede ser ignorado. Con un gabinete ampliamente cuestionado y un primer ministro, Gustavo Adrianzén, acusado de minimizar los resultados de encuestas previas, el incremento del sueldo mínimo podría ser interpretado como un intento de desviar la atención de una gestión en crisis.

Como dice el dicho: “El árbol no tapa el bosque”. Aumentar el sueldo mínimo es solo una parte de la ecuación. Sin políticas integrales para mejorar el empleo, la productividad y la competitividad, estas medidas corren el riesgo de ser pan para hoy y hambre para mañana.

Preguntas frecuentes

  1. ¿Qué tan sostenible es este aumento del sueldo mínimo?
    El incremento puede ser un alivio temporal, pero sin un crecimiento económico sólido y políticas laborales efectivas, podría agravar problemas como la informalidad y la baja competitividad.
  2. ¿Por qué se cuestiona el contexto político del anuncio?
    Con una desaprobación presidencial del 95 %, la medida podría interpretarse como una estrategia para calmar el descontento social, en lugar de una solución económica basada en análisis técnicos.

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