La Comisión Permanente del Congreso de la República dio luz verde a la reforma de la Ley de Organizaciones Políticas, permitiendo nuevamente los aportes privados de empresas a partidos políticos. Este cambio, aprobado con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, revive un mecanismo eliminado tras los escándalos de corrupción del caso Lava Jato. Ahora, el dictamen queda en manos del Ejecutivo, que tiene 15 días para promulgarlo u observarlo.

La decisión del Congreso revive un sistema de financiamiento eliminado en 2018, cuando las donaciones empresariales quedaron bajo la lupa tras el caso Lava Jato, que destapó millonarios sobornos disfrazados de aportes electorales. En ese entonces, la medida buscaba prevenir la influencia de intereses privados en las decisiones políticas. Ahora, los legisladores argumentan que esta reforma es crucial para fortalecer el pluralismo y garantizar la competencia democrática.

La nueva norma permite que personas naturales y jurídicas realicen aportes a los partidos políticos mediante depósitos bancarios, no limitándose al Banco de la Nación, sino extendiéndose a instituciones privadas. Esta flexibilidad busca ampliar las fuentes de financiamiento para actividades partidarias y campañas electorales, asegurando mayores recursos para las agrupaciones políticas.

Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, defendió la reforma como parte de un “paquete electoral” diseñado para las elecciones generales del 2026. Según Rospigliosi, la norma asegura mayor transparencia en el manejo de los recursos y fomenta la igualdad de oportunidades entre los partidos. “Es una medida necesaria para fortalecer el sistema democrático del país”, afirmó.

Pese a las ventajas planteadas, la reforma incluye medidas para prevenir irregularidades. Entre ellas, destaca la obligación de devolver montos utilizados en asesorías legales si se dicta una sentencia condenatoria contra un partido. Sin embargo, estas disposiciones no han logrado disipar las dudas de quienes ven en esta norma el riesgo de abrir la puerta a nuevos casos de corrupción.

El debate no es nuevo. Tras su primera votación el pasado 27 de diciembre, el dictamen enfrentó divisiones en el Pleno, lo que llevó a la Comisión Permanente a asumir la decisión final. Si el Ejecutivo no observa la norma, su aplicación podría entrar en vigor en las próximas semanas, siendo clave para los comicios del 2026.

El retorno de los aportes privados plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de recursos y la transparencia. Aunque las restricciones buscan mitigar riesgos, el precedente de Lava Jato pesa en la memoria colectiva, generando escepticismo sobre si esta reforma beneficiará realmente a la democracia o abrirá una nueva etapa de influencias indebidas.