El reciente Decreto Supremo Nº 014-2025-PCM, firmado por la presidenta Dina Boluarte, busca modificar el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado en 2010. Este paso, según el gobierno, pretende agilizar la resolución de controversias laborales en el sector público. Sin embargo, detrás de esta reforma se plantean interrogantes sobre su impacto real en la administración pública y la equidad en las decisiones.

¿Qué implica la reforma?

El decreto introduce cambios significativos en aspectos como los requisitos para ser vocal, la estructura de las salas y el proceso de apelación. Entre los puntos destacados:

1. Nuevos estándares para los vocales: Se refuerzan los requisitos académicos y éticos para quienes integren el tribunal, promoviendo la meritocracia.
2. Digitalización de las notificaciones: Ahora será obligatorio el uso de casillas electrónicas, lo que podría reducir tiempos en las comunicaciones.
3. Mayor rigor en los plazos y requisitos: El decreto detalla los procedimientos y plazos para la admisión y resolución de recursos de apelación, introduciendo sanciones disciplinarias a funcionarios que no cumplan con sus deberes.

¿Por qué es necesario este cambio?

El gobierno argumenta que estas modificaciones buscan garantizar una gestión más eficiente y transparente en el sistema administrativo. Con ello, se aspira a fortalecer la confianza de los servidores públicos en un sistema que, hasta ahora, ha enfrentado críticas por su lentitud e inconsistencias.

Una mirada crítica

Aunque la reforma aparenta ser un avance, no está exenta de cuestionamientos:

1. Centralización del poder: Las modificaciones podrían concentrar decisiones clave en manos de vocales seleccionados por el Consejo, limitando el control ciudadano.
2. Carga adicional para las entidades públicas: Los nuevos requisitos de documentación y plazos podrían sobrecargar a las oficinas de recursos humanos, especialmente en regiones con menor capacidad operativa.
3. Falta de inclusión en el proceso: Este tipo de reformas debería incluir consultas públicas y diálogos amplios con los sindicatos y los propios servidores, algo que no se evidencia en el texto del decreto.

El Decreto Supremo Nº 014-2025-PCM marca un intento por modernizar el Tribunal del Servicio Civil, un órgano vital para garantizar justicia laboral en el Estado. No obstante, el éxito de esta reforma dependerá de su implementación efectiva y del compromiso real del gobierno por incluir a todos los actores en el proceso de transformación.

Como dice el refrán, «el diablo está en los detalles». Será crucial vigilar cómo esta norma se traduce en acciones concretas y si logra realmente mejorar el sistema en beneficio de todos los trabajadores públicos.