El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha publicado un proyecto de Decreto Supremo que busca crear una Línea Base Ambiental Pública, con el objetivo de ofrecer información técnica-científica que facilite la evaluación de impactos ambientales en proyectos de inversión. Si bien esta iniciativa apunta a mejorar la gestión ambiental en el Perú, también genera dudas sobre su implementación y efectividad.

La gestión ambiental en el Perú enfrenta desafíos históricos, entre ellos, la falta de datos unificados y accesibles que respalden decisiones sobre proyectos de inversión. La creación de esta línea base tiene como finalidad:

1. Centralizar la información ambiental: Reducir la dependencia de estudios realizados por los propios promotores de proyectos, quienes muchas veces son juez y parte.
2. Simplificar los trámites administrativos: Según el MINAM, la disponibilidad de datos públicos ayudará a acelerar la evaluación de impactos ambientales y permitirá implementar medidas de manejo más efectivas.

Aspectos positivos

• Transparencia: La norma promueve un acceso más equitativo a la información ambiental, empoderando tanto a las comunidades afectadas como a los inversionistas.
• Gestión sostenible: Contar con una línea base sólida podría evitar daños irreparables al medio ambiente al establecer parámetros claros para la aprobación de proyectos.

Críticas y desafíos

1. Implementación compleja: La recopilación de datos a nivel nacional requiere recursos significativos y coordinación entre instituciones, lo cual podría ser un reto para un sistema público ya sobrecargado.
2. Calidad de la información: No queda claro si los datos disponibles serán suficientes para realizar análisis precisos y cómo se garantizará su actualización.
3. Participación limitada: Aunque el proyecto estará en consulta pública durante 15 días, el tiempo podría ser insuficiente para recopilar opiniones de todos los sectores interesados, especialmente comunidades rurales.

¿Será suficiente?

La creación de esta línea base es un avance necesario, pero no será suficiente sin un compromiso integral del Estado para fortalecer las instituciones responsables y garantizar su independencia. Además, la consulta pública debería ser un espacio real de inclusión, donde las voces de comunidades afectadas y expertos sean escuchadas y valoradas.

Como dice el dicho, «lo que no se mide, no se mejora». Esta norma representa una oportunidad para medir y gestionar el impacto ambiental de manera más eficiente. Sin embargo, su éxito dependerá de una ejecución transparente, recursos adecuados y un enfoque inclusivo.