En los últimos años, Perú ha logrado consolidarse como un destino atractivo para inversiones extranjeras gracias a su sistema judicial estable y su adhesión a normas internacionales que garantizan un entorno legal confiable. Sin embargo, recientes decisiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) han generado preocupación, ya que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica que tanto ha costado construir.

El 1 de febrero de 2025, el MINJUSDH creó un nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial mediante la Resolución Ministerial No. 16-2025-JUS, con el objetivo de revisar la normativa que regula el arbitraje en el país. Este paso ha encendido las alarmas de diversas instituciones del sector privado y público, que consideran que esta intervención podría afectar negativamente el marco legal y la confianza de los inversores.

El arbitraje, una forma de resolver disputas fuera de los tribunales tradicionales, fue regulado por la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071) en 2008. Esta ley se adoptó con el propósito de facilitar el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos y alinear al país con los estándares internacionales establecidos por importantes convenciones internacionales. Desde entonces, ha sido un mecanismo clave para resolver disputas comerciales, protegiendo así la seguridad jurídica y promoviendo la estabilidad de las inversiones.

En mayo de 2024, un primer Grupo de Trabajo Multisectorial fue convocado por el MINJUSDH con la participación de representantes tanto del sector público como privado. Tras varios meses de análisis, dicho grupo presentó la conclusión de que no era necesario modificar la Ley de Arbitraje, ya que su estructura y estándares internacionales han sido fundamentales para su éxito. En cuanto a los casos de arbitraje donde el Estado peruano es parte, se sugirió la creación de normas especiales. Sin embargo, a solo cuatro meses de este consenso, el Ministerio de Justicia ha decidido convocar a un nuevo grupo de trabajo, esta vez con una abrumadora mayoría de funcionarios públicos.

El hecho de que esta nueva convocatoria no cuente con la participación de los actores privados que estuvieron involucrados en el análisis previo ha generado desconcierto en el sector. Las instituciones firmantes de un comunicado conjunto manifestaron su sorpresa ante esta decisión, que podría deshacer los avances alcanzados por el grupo anterior. Estas entidades señalan que cualquier cambio en la ley de arbitraje debe considerar los estándares internacionales que la sustentan, pues son esenciales para el mantenimiento de la confianza en el sistema judicial y la atracción de inversiones.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Arana Ysa, ha sido instado a reconsiderar la creación de este nuevo grupo de trabajo, ya que las decisiones que se tomen afectarán directamente a las inversiones y, por ende, a la economía del país. De no garantizarse la estabilidad del sistema arbitral, Perú podría perder su ventaja competitiva frente a otros países de la región que cuentan con sistemas legales sólidos y confiables.

En conclusión, el arbitraje no solo es una herramienta eficaz para la resolución de disputas, sino que también juega un rol crucial en la protección de las inversiones en Perú. La estabilidad de este sistema es fundamental para continuar atrayendo capital extranjero y asegurar el crecimiento económico del país. Las autoridades deberán tomar en cuenta los beneficios de mantener este marco legal intacto y evitar cambios que puedan generar incertidumbre en el ámbito empresarial.