El congresista Nieves Limache, miembro del Grupo Parlamentario «Juntos por el Perú – Voces del Pueblo», ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el artículo 2 de la Ley 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios, con el objetivo de establecer el funcionamiento permanente de estos mercados. La propuesta plantea que los mercados de productos agropecuarios no solo operen una vez a la semana, sino que funcionen de manera continua, durante los siete días de la semana, ofreciendo una alternativa accesible para los consumidores y fortaleciendo la seguridad alimentaria en el país.

Contexto de la Iniciativa y la Realidad Actual

Actualmente, los mercados de productores agropecuarios tienen una duración indefinida, pero se realizan solo una vez a la semana, y pueden llevarse a cabo en espacios físicos determinados. Bajo la nueva propuesta, se espera que estos mercados operen de forma permanente, lo cual permitiría una mayor comercialización de productos provenientes de la pequeña agricultura familiar, un sector clave para la economía del país.

La modificación de la ley busca ofrecer un espacio más adecuado y constante para la venta directa entre productores y consumidores. Esta medida no solo beneficia a los pequeños agricultores, sino también a los ciudadanos, quienes podrían acceder a productos frescos y a precios justos.

La Seguridad Alimentaria en Perú: Un Problema Urgente

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perú es el país con la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en América del Sur. El 51.7% de la población peruana, lo que equivale a aproximadamente 17.6 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Este panorama pone en evidencia la magnitud del problema y la necesidad urgente de medidas para garantizar el acceso a alimentos de calidad.

Entre los factores que han agravado esta situación se encuentran la interrupción de las cadenas de suministro y la pérdida de empleos masiva. En este contexto, la propuesta del congresista Limache cobra relevancia, al considerar que fortalecer los mercados de productores agropecuarios puede contribuir significativamente a una solución, ofreciendo alimentos frescos y a precios accesibles para la población.

Implicaciones para la Economía y la Sociedad

La modificación de la ley no solo tiene implicaciones para los pequeños agricultores, sino también para los consumidores. El acceso a mercados permanentes permitiría a las familias peruanas obtener productos locales y frescos sin los intermediarios tradicionales, lo que podría significar precios más justos. Además, fortalecer la pequeña agricultura familiar contribuiría a la recuperación del empleo y al fortalecimiento de la economía local.

En resumen, la propuesta de Ley presentada por el congresista Limache busca transformar la forma en que los peruanos acceden a alimentos frescos, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de los mercados agropecuarios y mejora la seguridad alimentaria en el país.

¿Ya existen normas al respecto? Sí, la Ley 29676 ya regula los mercados de productores agropecuarios, permitiendo su operación de forma indefinida, pero con una frecuencia semanal. Sin embargo, la modificación que propone el congresista Limache busca extender su funcionamiento para que sea continuo, lo que responde a un vacío en la ley actual, pues no regula el funcionamiento permanente de estos mercados durante toda la semana. Esta modificación también apunta a ofrecer una respuesta más eficaz a los problemas de inseguridad alimentaria y la interrupción de las cadenas de suministro.

¿Ayuda a la reducción de los gastos del Estado? El proyecto de ley no parece estar directamente diseñado para reducir los gastos del Estado, pero sí tiene implicaciones en la mejora de la economía local. Al fortalecer los mercados agropecuarios y la pequeña agricultura familiar, se podría lograr una mayor autosuficiencia alimentaria, reduciendo la dependencia de importaciones de productos agropecuarios. A largo plazo, esto podría tener efectos positivos sobre la economía, como la mejora en el empleo agrícola y el acceso a alimentos a precios más bajos, lo que a su vez puede reducir la presión sobre los programas sociales del Estado relacionados con la seguridad alimentaria.

Por lo tanto, aunque no se trata de una medida que directamente reduzca los gastos del gobierno, sí tiene el potencial de generar beneficios económicos más amplios, mejorando la autosuficiencia alimentaria del país y promoviendo la economía local.