El reciente proyecto de ley 10172/2024-CR, presentado por el Congresista Paul Gutiérrez, busca eliminar la discriminación en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los docentes que fueron cesados bajo la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Esta iniciativa, si bien parece una mejora para el sector magisterial, plantea varias interrogantes sobre su efectividad y la verdadera intención detrás de la propuesta.

Desde que la Ley 29944 fue implementada en 2012, miles de docentes han enfrentado un cálculo desigual de la CTS, lo que ha generado una evidente preocupación y desconfianza dentro del gremio educativo. La propuesta de Gutiérrez pretende corregir esta disparidad, garantizando un cálculo más justo para aquellos docentes cesados entre el 25 de noviembre de 2012 y la entrada en vigor de la Ley 31451. Además, se propone que aquellos que percibieron remuneraciones bajo la Ley 24029 reciban el 100% de la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

Sin embargo, esta solución parece ser más bien un intento de parche que no aborda los problemas de fondo. Los docentes han sido los más perjudicados en el proceso de reformas educativas, pero la propuesta no parece ofrecer una solución definitiva a las falencias del sistema. ¿Por qué no revisar, de una vez por todas, todo el sistema de compensación y beneficios de los docentes, en lugar de seguir sumando medidas aisladas que no logran transformar la realidad laboral de este sector?

El ámbito de aplicación de esta ley, que cubre tanto a docentes nombrados como contratados bajo la Ley 29944, parece ser una muestra de que el Congreso aún no está dispuesto a tratar los problemas de fondo que afectan al sector magisterial. Si bien la medida podría beneficiar a un grupo de docentes, queda la duda de si la compensación será suficiente para reparar los años de perjuicios sufridos, o si solo será una pequeña compensación temporal que no cambia realmente la situación estructural.

Finalmente, la propuesta también genera preguntas sobre el impacto que tendrá en las finanzas del país. Si bien es cierto que el Estado debe garantizar los derechos laborales de los docentes, es necesario cuestionar si esta medida es la más efectiva para lograr una educación de calidad, o si simplemente responde a un intento de calmar a un sector que ha venido luchando durante años por condiciones laborales más justas.

En resumen, el proyecto de ley del Congresista Gutiérrez podría ser un paso en la dirección correcta, pero también es un recordatorio de que las reformas en el sector educativo siguen siendo fragmentadas y, muchas veces, insuficientes. Para que la educación en Perú realmente mejore, no basta con pequeños ajustes; es necesario un cambio profundo que valore y respete a los docentes como verdaderos actores clave en el desarrollo del país.

¿Es innecesario este proyecto de ley? No necesariamente. El proyecto de ley busca corregir una discriminación en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los docentes cesados entre 2012 y antes de la entrada en vigor de la Ley 31451. Aunque existen normas que regulan el cálculo de la CTS, la realidad es que, desde la implementación de la Ley 29944 (Ley de Reforma Magisterial), ha habido una disparidad en el tratamiento de los docentes en cuanto a sus derechos laborales, específicamente en relación con su compensación por tiempo de servicio. Este proyecto parece ser una respuesta directa a esa desigualdad y, en ese sentido, puede ser considerado necesario para corregir una injusticia histórica.

¿Ya existen normas al respecto? Sí, existen normativas que regulan el cálculo de la CTS, como la Ley 29944, la Ley 24029 (Ley del Profesorado), y su modificatoria Ley 25212. Sin embargo, el problema radica en que la aplicación de estas normas no ha sido equitativa para todos los docentes, particularmente para aquellos que fueron cesados durante la vigencia de la Ley 29944, quienes han sido objeto de un cálculo diferente para la CTS en comparación con otros grupos de trabajadores del sector público. El proyecto de ley 10172/2024-CR busca subsanar esa discriminación y equiparar el trato a todos los docentes.

¿Ayuda a la reducción de los gastos del Estado? En principio, la propuesta no tiene como objetivo reducir los gastos del Estado. De hecho, al garantizar el 100% de la remuneración íntegra mensual (RIM) para ciertos docentes, podría implicar un aumento en los pagos por concepto de CTS. Sin embargo, este aumento es solo para un grupo de trabajadores, lo que hace que el impacto en las finanzas públicas sea relativamente limitado. La medida está más enfocada en la corrección de una injusticia laboral que en la optimización de los recursos públicos.

¿Ayuda a reducir el déficit fiscal? Este proyecto de ley no está diseñado para abordar directamente el déficit fiscal ni para reducirlo. Al contrario, podría generar un pequeño aumento en los pagos que el Estado debe hacer a los docentes, lo cual, en un escenario de alta carga fiscal, podría aumentar las presiones sobre las finanzas públicas. Aunque el impacto podría no ser significativo a corto plazo, no está claro cómo este tipo de ajustes podrían contribuir a una reducción general del déficit fiscal.