📢 El congresista Jorge Arturo Zeballos Aponte ha presentado el Proyecto de Ley 10424/2024-DP, el cual propone la restitución de la creación de fideicomisos y otros instrumentos financieros mediante la modificación del Decreto Legislativo 1645. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, asegurando una mejor administración de los recursos del Estado.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto plantea la modificación del artículo 22 del Decreto Legislativo 1645, permitiendo nuevamente la creación de fondos, fideicomisos, convenios de comisión de confianza y otros mecanismos financieros con cargo a fondos públicos. Esto se haría en concordancia con la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

Los fideicomisos podrán aplicarse en los siguientes casos:

✅ Sistema Nacional de Endeudamiento Público: Mecanismos de financiamiento para proyectos estratégicos.
✅ Contrataciones del Estado: Gestión de recursos en adquisiciones gubernamentales.
✅ Asociaciones Público-Privadas (APPs): Administración de pagos e ingresos en contratos de inversión privada.
✅ Fideicomiso Público: Instrumento clave para la administración eficiente de los recursos.
✅ Financiamiento Urbano: Implementación de instrumentos financieros para el desarrollo sostenible de ciudades.

Impacto en la gestión financiera del Estado

El restablecimiento de estos fideicomisos busca optimizar la administración de fondos públicos, garantizando mayor transparencia y eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. Además, podría incentivar la inversión privada mediante esquemas de financiamiento más sólidos, reduciendo riesgos fiscales y permitiendo un mejor manejo del endeudamiento estatal.

Sin embargo, la medida también genera interrogantes sobre la supervisión y control de estos mecanismos, ya que un uso inadecuado podría aumentar los riesgos de malversación de fondos o falta de rendición de cuentas en proyectos de inversión pública.

La propuesta legislativa deberá ser evaluada en comisiones antes de su debate en el Pleno del Congreso, donde se determinará su viabilidad y el impacto real en la administración financiera del país.