📢 Durante más de una década, Perú fue un modelo de éxito económico en América Latina. Entre 2002 y 2013, la economía creció a un sólido ritmo del 6,1 % anual, casi duplicando el promedio regional. Este auge permitió reducir la pobreza del 60 % al 24 %, disminuir la informalidad en más de 10 puntos porcentuales y consolidar un marco macroeconómico estable con inflación controlada y deuda pública en descenso. Sin embargo, tras 2014, la historia cambió: el crecimiento cayó a un promedio del 3 %, la inversión se estancó y la informalidad laboral se disparó hasta alcanzar el 77 %, poniendo en riesgo los avances sociales logrados.

La desaceleración económica reveló problemas estructurales de larga data. La productividad, motor esencial del crecimiento sostenido, sufrió una fuerte caída después de 2013. El 90 % del crecimiento desde 2014 proviene exclusivamente del consumo, sin mejoras significativas en inversión o innovación. Las estrictas regulaciones laborales, los elevados costos para las empresas y una burocracia engorrosa han frenado la expansión del sector formal, impidiendo que las empresas crezcan y generen empleo de calidad. Las empresas con 20 años de operación apenas logran un 3 % más de productividad que aquellas con menos de cinco años, reflejando la falta de incentivos para la innovación y la competitividad.

A este panorama se suma la crisis institucional y la inestabilidad política. Desde 2016, el país ha experimentado una rotación sin precedentes en los altos cargos del Estado, debilitando su capacidad para implementar reformas y ejecutar políticas públicas eficaces. Perú ocupa el puesto 104 de 137 países en eficiencia del gasto público, y la mitad de los empresarios considera que la incertidumbre política es su principal obstáculo. Además, las trabas regulatorias han convertido a la administración pública en un cuello de botella: en 2022, el 20 % de los contratos estatales se adjudicaron mediante procesos discrecionales debido a la complejidad de las licitaciones.

Un país con potencial, pero sin reformas no hay futuro

A pesar de estos desafíos, Perú aún tiene oportunidades para retomar la senda del crecimiento. El país posee una de las mayores reservas mundiales de cobre, oro, plata y zinc, metales esenciales para la transición energética global. En el sector agrícola, es líder en exportaciones no tradicionales, con un crecimiento exponencial en la venta de frutas y hortalizas. El turismo y la biodiversidad también representan ventajas competitivas que podrían impulsar el desarrollo. No obstante, sin reformas estructurales, alcanzar la categoría de país de ingresos altos tomaría más de seis décadas. Con cambios estratégicos, este objetivo podría lograrse en solo 20 años.

El camino hacia la recuperación exige medidas audaces. En primer lugar, es necesario reformar la legislación laboral para reducir los costos no salariales y facilitar la contratación formal. En la actualidad, el costo total de mantener un trabajador formal asciende al 70 % de su sueldo, uno de los más altos de la región. En segundo lugar, se requiere una modernización del sistema tributario y una simplificación de los procesos administrativos, permitiendo que más empresas ingresen a la formalidad sin enfrentar barreras insostenibles. Tercero, Perú debe apostar por la innovación: las empresas locales invierten muy poco en desarrollo tecnológico y son reacias a adoptar modelos exitosos de otros mercados, lo que limita su competitividad global.

Liberar el potencial de la fuerza laboral femenina es otro punto clave. Si la participación laboral de las mujeres se equiparara a la de los hombres, el PIB per cápita podría aumentar en 17,7 % hacia 2050. Actualmente, muchas mujeres trabajan en la informalidad, operando negocios desde sus hogares sin acceso a financiamiento ni redes de crecimiento. Fomentar políticas de inclusión y mejorar la infraestructura de cuidados podría generar un impacto significativo en la productividad nacional.

Cerrando brechas: el reto de la desigualdad territorial

Las disparidades entre regiones continúan siendo un obstáculo para el desarrollo equitativo del país. En 2018, el ingreso promedio per cápita en Lima triplicaba al de Huancavelica y duplicaba al de Cusco y Puno. A pesar de una ligera reducción en la desigualdad regional en la última década, Perú sigue siendo el país con mayor brecha territorial de ingresos en América Latina. La falta de infraestructura, conectividad y acceso a servicios públicos de calidad en provincias limita el potencial productivo de miles de peruanos. Además, el cambio climático amenaza con agravar estas diferencias, afectando especialmente a las zonas más vulnerables.

Para cerrar estas brechas, es imprescindible fortalecer las instituciones locales, mejorar la gestión de la inversión pública y priorizar proyectos estratégicos que generen impacto a largo plazo. Actualmente, muchos proyectos de inversión llevan más de una década en ejecución sin ser completados. El rediseño de los procesos de adquisiciones públicas podría agilizar la ejecución de obras clave y reducir costos, garantizando una mejor asignación de recursos.

Volver a la ambición: el Perú que podría ser

A pesar del estancamiento económico y la crisis institucional, Perú tiene el potencial para recuperar su dinamismo y volver a ser una de las economías de mayor crecimiento en la región. La clave está en impulsar reformas estructurales que permitan la diversificación productiva, la modernización del Estado y la creación de condiciones favorables para la inversión.

Eliminar las barreras al crecimiento empresarial, reducir las desigualdades territoriales y fortalecer la confianza en las instituciones no solo garantizará un crecimiento sostenido, sino que también ayudará a reconstruir el contrato social entre ciudadanos y Estado. Perú tiene una oportunidad única para aprovechar sus recursos estratégicos y posicionarse en la economía global, pero sin cambios profundos, el futuro seguirá siendo incierto.