📢 El Gobierno ha decretado el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, con la finalidad de frenar el incremento de delitos como homicidios, sicariato y extorsión. La medida, publicada en el Decreto Supremo N° 035-2025-PCM, otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, restringiendo derechos constitucionales como la libertad de reunión y tránsito.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El Ejecutivo sustenta la medida en informes de la Policía Nacional que evidencian un preocupante aumento en los índices delictivos. Según la Comandancia General de la PNP, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos en la capital y la Provincia Constitucional del Callao, obligando al Gobierno a intervenir con medidas extraordinarias.

Restricciones y alcances de la norma

Durante los 30 días de emergencia:

• Se restringe la inviolabilidad del domicilio, lo que significa que las fuerzas del orden pueden ingresar a viviendas sin orden judicial en caso de sospecha de actividades delictivas.
• Se limita la libertad de tránsito, lo que permite a las autoridades establecer toques de queda y restringir el desplazamiento de personas en determinadas zonas.
• Se prohíbe la libertad de reunión, impidiendo la realización de marchas, manifestaciones o cualquier concentración de personas sin autorización.
• Se restringe la libertad y seguridad personales, permitiendo detenciones sin necesidad de una orden judicial cuando se presuma la comisión de un delito.
• La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas críticas.
• Las autoridades deberán presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos al término del periodo.

¿Es una medida efectiva o solo un paliativo?

Expertos en seguridad y analistas económicos han manifestado posturas encontradas. Mientras algunos sostienen que la intervención policial y militar es clave para frenar el crimen organizado, otros advierten que no aborda las causas estructurales de la violencia, como la falta de empleo y la corrupción en el sistema de justicia.

Además, la implementación de este tipo de medidas genera incertidumbre en sectores como el comercio y el turismo, pues la restricción de libertades podría afectar la actividad económica en Lima y Callao.

¿Qué sigue después de los 30 días?

El Estado de Emergencia no podrá prorrogarse sin un nuevo decreto. En los próximos días, la Policía Nacional deberá coordinar con entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales para articular esfuerzos en la lucha contra la delincuencia.

La gran pregunta es: ¿será suficiente esta medida para devolver la tranquilidad a los ciudadanos o solo es un parche temporal ante una crisis de seguridad que requiere reformas de fondo?