📢 El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, liderado por el congresista Edgard Reymundo Mercado, ha presentado una iniciativa legislativa cuyo objetivo es modificar el Decreto Legislativo 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia en el país. Esta propuesta, respaldada por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República y el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, busca reforzar la seguridad ciudadana a través de una integración más eficiente entre los centros de videovigilancia locales y el Centro Nacional de Videovigilancia de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la propuesta plantea más preguntas que respuestas sobre su efectividad real en la lucha contra la inseguridad.

El principal cambio propuesto es la obligatoriedad de presencia policial permanente en cada centro de monitoreo de videovigilancia, con el fin de asegurar una respuesta inmediata e interconectada con los Centros de Emergencias 911. Sin embargo, esta medida parece una solución superficial ante un problema mucho más complejo que la simple presencia de cámaras y policías. En un país con serias deficiencias en recursos para el sector de seguridad, surge la duda de si realmente existe la capacidad para implementar esta medida de forma efectiva, o si simplemente se está añadiendo una carga adicional sin un análisis profundo sobre su impacto real en la prevención del crimen.

El artículo 11 de la modificación busca integrar los sistemas de videovigilancia con los de alerta y emergencia, una idea loable, pero que en la práctica podría verse obstaculizada por la falta de infraestructura tecnológica adecuada en muchos gobiernos locales. La interoperabilidad de estos sistemas es clave, pero no se menciona un plan concreto sobre cómo se garantizará esta integración ni cómo se va a capacitar al personal para hacerla efectiva.

Aunque el Poder Ejecutivo tiene 30 días para adecuar el reglamento a la ley, y el Ministerio del Interior se encargará de asegurar la presencia policial en los centros de monitoreo hasta que el Centro Nacional de Videovigilancia esté operativo, la pregunta sigue siendo: ¿de verdad estas medidas van a resolver los problemas estructurales de la inseguridad ciudadana o solo son un parche temporal que no aborda las causas profundas del crimen?

La idea de asignar efectivos policiales en cada centro de videovigilancia podría ser un paso en la dirección correcta, pero el verdadero desafío está en cómo este personal será capacitado para tomar decisiones rápidas y efectivas, y si realmente se va a dar una coordinación efectiva entre los diversos actores involucrados en la seguridad pública.

Aunque la modificación legislativa tiene buenas intenciones, la falta de detalles sobre su implementación y los recursos necesarios genera dudas sobre su capacidad para ofrecer una solución sostenible y efectiva ante la creciente inseguridad que afecta a las comunidades peruanas. Solo el tiempo dirá si esta medida es un paso hacia un cambio real o una respuesta más del sistema que no logra resolver el problema de fondo.