📢 La reciente modificación de la Ley 27692, que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), promete mejorar la transparencia en el uso de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional. Sin embargo, surge la pregunta: ¿realmente esta reforma responderá a las necesidades de control o simplemente añadirá más burocracia al proceso?

A primera vista, las modificaciones parecen enfocarse en aumentar la fiscalización y el control de los proyectos financiados con fondos internacionales. La ley ahora obliga a las entidades receptoras de cooperación a registrar públicamente sus actividades y recursos, lo que, en teoría, contribuiría a una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, las dudas persisten sobre si la APCI, con su limitada capacidad operativa y recursos, podrá llevar a cabo un control efectivo en un país donde la corrupción sigue siendo un problema endémico.

Si bien la reforma establece un sistema de sanciones para las entidades que no cumplan con los requisitos, desde amonestaciones hasta la cancelación de registros, lo cierto es que la implementación de estas sanciones será crucial. El proceso de fiscalización no solo depende de la existencia de la ley, sino de la capacidad real del Estado para hacerla cumplir de manera efectiva. Además, la creación de un sistema de información transparente, aunque prometedora, podría caer en la trampa de la ineficiencia si no se le dota de los recursos y personal adecuados para funcionar de manera ágil y actualizada.

Otro aspecto preocupante es la centralización de los esfuerzos de control. La APCI, aunque creada con la intención de ser un ente autónomo y técnico, depende en gran medida de la colaboración con otras entidades como la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien la coordinación interinstitucional es esencial, también puede generar demoras y complicaciones adicionales, ya que cada institución tiene sus propios procedimientos y agendas, lo que podría restar agilidad y efectividad en el proceso de fiscalización.

🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS:

• Falta de capacidad de fiscalización: A pesar de los esfuerzos por mejorar la supervisión, la APCI no cuenta con suficientes recursos ni personal para realizar un control exhaustivo y efectivo.
• Burocracia creciente: La obligación de registrar todos los proyectos y actividades podría resultar en una sobrecarga burocrática, sin garantías de que se traduzca en una mejora real en la gestión de los recursos.
• Eficiencia en riesgo: La creación de un sistema de información transparente es una buena idea, pero su implementación podría caer en la ineficiencia si no se le otorgan los recursos necesarios.
• Dependencia interinstitucional: La colaboración entre la APCI, la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera podría generar demoras en la toma de decisiones y diluir la responsabilidad de las entidades.
• Sanciones ambiguas: Aunque se han establecido sanciones severas, no queda claro si las autoridades estarán realmente comprometidas en hacerlas cumplir de manera efectiva, dado el historial de impunidad en la gestión pública.

En resumen, la modificación de la Ley 27692 es una respuesta política a las crecientes demandas de transparencia, pero su efectividad dependerá de la capacidad real del Estado para implementar y hacer cumplir sus disposiciones. Sin un compromiso serio con la ejecución y la asignación de recursos, esta reforma podría ser un mero ejercicio legal sin impacto en la gestión de la cooperación internacional más transparente y se convertirá en un ataque a ella.