📢 En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha firmado la Orden Ejecutiva 14270 que introduce el «Presupuesto Regulatorio Base Cero» (Zero-Based Regulatory Budgeting) para el sector energético. Esta nueva política obliga a revisar y justificar periódicamente todas las regulaciones vinculadas a la energía, bajo amenaza de eliminación automática si no se renuevan. La medida busca desmontar la “burocracia regulatoria” que, según la Casa Blanca, mantiene al sector atrapado en el pasado.

El decreto establece que las agencias como la EPA, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora de Energía Federal, entre otras, deberán insertar una fecha de caducidad a cada una de sus normas. A menos que se justifique su continuidad tras un proceso público de revisión, la regulación caducará automáticamente. El primer plazo vence el 30 de septiembre de 2026.

Esta orden afecta regulaciones históricas amparadas en leyes como el Acta de Energía Atómica de 1954, la Ley de Política Energética de 2005 o el Acta de Seguridad e Independencia Energética de 2007. Incluso normas medioambientales ligadas al manejo de tierras y fauna silvestre estarán bajo la lupa.

Cada nueva regulación tendrá un máximo de cinco años de vida útil, salvo excepciones aprobadas por la Oficina de Presupuesto. Además, las agencias no podrán hacer cumplir normas vencidas, ni mantenerlas en el Código de Regulaciones Federales.

La administración busca reducir drásticamente la carga regulatoria, promoviendo así más innovación y menor dependencia del control estatal. Sin embargo, críticos advierten que podría abrir la puerta a prácticas menos seguras o sustentables en nombre de la desregulación.

🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

Riesgo: Hay preocupación sobre la eliminación de normas sin análisis técnico profundo o sin suficiente participación ciudadana.

Innovación: Cada nueva norma energética tendrá un máximo de 5 años de vigencia, salvo justificación excepcional.

Revisión: Regulaciones existentes caducarán automáticamente si no se justifican antes del 30 de septiembre de 2026.

Alcance: La orden aplica a agencias clave como el Departamento de Energía, EPA y FERC, afectando leyes desde 1954 hasta 2007.

Impacto: La medida promete liberar al sector energético de restricciones obsoletas y acelerar proyectos.