📢 El Congreso de la República ha presentado una nueva propuesta para mejorar la fiscalización y control de las infraestructuras en el Perú, especialmente aquellas que operan de manera ilegal, como almacenes clandestinos en zonas no autorizadas. Esta iniciativa, impulsada por las congresistas Patricia Rosa Chirinos Venegas y Norma Martina Yarrow Lumbreras del grupo parlamentario Renovación Popular, busca fortalecer las facultades de fiscalización municipal y garantizar la seguridad pública y la correcta utilización del suelo en las ciudades del país.

El Proyecto de Ley establece que los gobiernos locales deben contar con un «Plan anual de fiscalización de infraestructuras» que, a través de inspecciones periódicas, garantice el cumplimiento de las normativas de zonificación y seguridad urbana. Además, se faculta a las municipalidades a clausurar inmediatamente aquellos inmuebles que operen como almacenes sin la debida autorización. La ley también obliga a los responsables de dañar bienes municipales a resarcir el daño causado, asegurando que no sean los recursos públicos los que sufran las consecuencias de la falta de control.

Con esta ley, se busca atacar la creciente problemática de los almacenes clandestinos, que, además de constituir un riesgo para la seguridad, afectan el orden urbano y contribuyen a la informalidad. El proyecto responde a la alarmante cifra de incendios registrados en establecimientos de este tipo, que en muchos casos carecen de medidas de seguridad adecuadas y han provocado pérdidas humanas y materiales considerables.

El impacto de esta propuesta será significativo en términos de seguridad y orden público. En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga competencias de fiscalización a los gobiernos locales, se incluirá la clausura inmediata de estos establecimientos, con sanciones más severas para quienes infrinjan las normativas urbanísticas. Además, el proyecto también mejora la transparencia, exigiendo que la información sobre las condiciones de las infraestructuras y las sanciones aplicadas sea de acceso público.

La iniciativa también plantea una mejora en la gestión de recursos municipales, ya que se obliga a los infractores a asumir los costos de reparación de los daños causados a la infraestructura pública, evitando así que los ciudadanos asuman los gastos. Esto también fomentará un mayor control sobre los bienes municipales y ayudará a optimizar el uso de los fondos públicos.

En cuanto a los beneficios económicos, la ley podría contribuir a reducir la informalidad y mejorar la recaudación fiscal, al incentivar a los empresarios a regularizar sus actividades. Se espera que la implementación de esta normativa impulse la competitividad y la formalización de la actividad económica en el país, además de mejorar la calidad del aire y del entorno urbano, al reducir la actividad de fábricas y almacenes clandestinos.

Así el Proyecto de Ley presentado por los congresistas de Renovación Popular tiene como objetivo brindar a las municipalidades las herramientas necesarias para fiscalizar de manera efectiva el uso del suelo, combatir la informalidad y proteger tanto la seguridad ciudadana como el patrimonio público. Con la aplicación de esta ley, se busca un entorno urbano más seguro, ordenado y transparente, en línea con los principios de descentralización y fortalecimiento de la gobernanza local.