📢 El presidente de Estados Unidos firmó la Orden Ejecutiva 14287 el pasado 28 de abril de 2025, abriendo un frente económico contra los llamados “santuarios migratorios”. Con esta medida, los departamentos federales podrán suspender fondos, subvenciones y contratos a jurisdicciones estatales y locales que impidan la aplicación de leyes migratorias. El impacto podría ser millonario para gobiernos locales que dependen de financiamiento federal.

La orden establece un mecanismo para identificar y notificar a los gobiernos que obstruyan la ley federal de inmigración. Si no revierten su posición, serán penalizados económicamente y enfrentados mediante acciones legales coordinadas entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Esta política busca revertir lo que el Ejecutivo ha calificado como “insurrección legal” por parte de ciertas autoridades locales.

Además, se instruye restringir el acceso a beneficios públicos federales para inmigrantes indocumentados que residan en estas jurisdicciones, y se revisarán leyes locales que, según el gobierno, favorecen a extranjeros sobre ciudadanos estadounidenses, como los beneficios educativos para indocumentados que no se otorgan a estadounidenses de otros estados.

Desde el punto de vista económico, esta orden puede modificar la relación financiera entre el gobierno federal y las ciudades. Al condicionar el acceso a fondos, obliga a los gobiernos locales a redefinir sus políticas migratorias si desean conservar el respaldo económico de Washington. También impone nuevas exigencias administrativas, como la verificación de elegibilidad de beneficiarios en instituciones privadas que operan con fondos federales.

El impacto fiscal es aún incierto, pero se prevé que afecte especialmente a ciudades con altos índices de migración y amplia red de servicios públicos financiados en parte con recursos nacionales.

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Litigios potenciales: Las ciudades que mantengan su estatus podrían enfrentar acciones legales y sanciones adicionales.

Fondos en riesgo: Se podrán cortar subvenciones y contratos federales a gobiernos que no apliquen la ley migratoria.

Verificación obligatoria: Las entidades privadas deberán comprobar la elegibilidad de sus beneficiarios si operan en zonas sancionadas.

Educación en la mira: Se revisarán leyes locales que den beneficios a inmigrantes no ofrecidos a ciudadanos de otros estados.

Jurisdicciones señaladas: El listado de “ciudades santuario” será actualizado regularmente por el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional.