📢 Con la reciente Orden Ejecutiva 14288, firmada el 28 de abril de 2025, el gobierno estadounidense ha lanzado un agresivo plan de apoyo a las fuerzas del orden locales y estatales. El documento plantea una expansión presupuestaria, beneficios y recursos logísticos que incluyen incluso activos militares excedentes, con el objetivo de “desatar” el accionar policial contra la criminalidad. Esta decisión podría tener implicancias económicas significativas en presupuestos estatales y el gasto federal en seguridad interna.

La orden establece medidas para aumentar salarios, capacitar a oficiales, revisar los decretos que limitan el accionar policial y facilitar la defensa legal de agentes acusados durante el cumplimiento de sus funciones. También se prioriza la recopilación de datos delictivos y se promueve el endurecimiento de sentencias por delitos contra policías.

Uno de los aspectos más controversiales es la activación de la infraestructura militar para uso doméstico. El Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia tienen 90 días para definir cómo el equipo militar excedente y las capacidades del personal pueden apoyar operaciones policiales. Esta militarización de la seguridad pública ha generado históricamente debates sobre su conveniencia y sus riesgos sociales.

Económicamente, esta política representa un giro: el gobierno federal podría absorber parte de los costos judiciales de oficiales locales y financiar mejoras salariales, lo que alteraría el balance fiscal entre niveles de gobierno. Además, al priorizar el fin de políticas de diversidad y equidad en el ámbito policial, se prevé una revisión de programas locales que hasta ahora recibían fondos federales por promover inclusión.

Finalmente, la orden también instruye acciones legales contra autoridades locales que impidan el cumplimiento de funciones policiales, lo cual podría derivar en litigios con impacto financiero en ciudades y estados.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

Equidad: Se eliminará el financiamiento a políticas policiales que prioricen diversidad y equidad sobre cumplimiento de la ley.

Presupuesto: Se plantea una inyección económica federal para aumentar sueldos, beneficios y recursos logísticos de policías.

Militarización: Se utilizarán activos excedentes del ejército para reforzar operaciones de seguridad interna.

Revisión legal: Se revisarán decretos que limiten el accionar policial, con posibilidad de ser anulados.

Gasto compartido: El gobierno federal asumirá parte de los costos legales de los agentes acusados.