📢 La confirmación del asesinato de 13 mineros contratados legalmente por la empresa R&R en una concesión de la minera Poderosa ha expuesto una vez más el impacto económico y social de la minería ilegal en el país. El hallazgo de los cuerpos en un socavón tras una semana de secuestro, y la difusión de un video donde se muestra su ejecución, ha generado indignación nacional y reactivado el debate sobre el rol del Estado frente al avance del crimen organizado en zonas auríferas.

El caso se agrava por la ausencia de pronunciamientos oficiales tanto de la presidenta Dina Boluarte como del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien incluso llegó a poner en duda el secuestro de los trabajadores. Pese al silencio del Ejecutivo, la comunidad de Pataz ha anunciado un paro indefinido desde el 5 de junio y ha solicitado la instalación urgente de una base militar en la zona, donde ya han muerto 39 mineros en los últimos meses a manos de bandas criminales.

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que el Reinfo, un registro creado para formalizar a pequeños mineros, ha sido mal utilizado como cobertura legal por operadores ilegales, dificultando las intervenciones policiales y exacerbando la violencia en regiones clave para la extracción aurífera.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la minería ilegal ha capturado cerca del 48% del oro exportado por Perú, lo que no solo socava la recaudación fiscal y distorsiona los mercados, sino que también genera una economía paralela fuera del control estatal. La reducción del presupuesto destinado a la erradicación de esta actividad, en un contexto de violencia creciente, preocupa a gremios y autoridades regionales.

La minera Poderosa, uno de los principales productores legales de oro del país, ha sido atacada en reiteradas ocasiones por estas mafias que buscan apropiarse del control territorial. Los recientes asesinatos reflejan un patrón de hostigamiento hacia operaciones formales en medio de una débil respuesta estatal.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

Presupuesto: Pese al avance de la minería ilegal, el Estado ha recortado recursos para su erradicación, generando mayor vulnerabilidad económica y social en las regiones mineras.

Violencia: 13 mineros fueron asesinados por mafias ilegales en una concesión de la minera Poderosa en Pataz.

Economía: El 48% del oro exportado por Perú proviene de actividades ilegales, según el IPE.

Estado: El Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial tras confirmarse los asesinatos.

Formalización: El Reinfo se ha convertido en una herramienta usada por mineros ilegales para operar con aparente legalidad.