📢 ¿Cuántas veces has dudado de los datos que usa un político para justificar una ley o una obra? Si alguna vez sentiste que la ciencia se usaba más como excusa que como herramienta real, no estabas tan lejos de la verdad. Estados Unidos acaba de firmar una orden ejecutiva para cambiar eso. ¿Y qué tiene que ver esto con el Perú? Mucho. Porque si la potencia que lidera la investigación científica necesita corregir el rumbo, es hora de que el resto de países—incluido el nuestro—empiecen a preguntarse: ¿qué tan confiables son las decisiones que tomamos basadas en “ciencia”?

El 23 de mayo de 2025, el gobierno estadounidense emitió la orden ejecutiva 14303, que busca restaurar el estándar de oro en la ciencia federal. La medida responde a un problema que afecta directamente la economía global: la pérdida de confianza pública en la ciencia, causada por manipulaciones de datos, conflictos de interés y modelos exageradamente alarmistas. Esto no solo genera desinformación, sino decisiones públicas costosas y poco efectivas, como fue el caso de las medidas escolares durante la pandemia o las restricciones sobre industrias como la pesca o la energía.

La orden exige que toda investigación financiada por el Estado sea transparente, replicable, con revisión imparcial y comunicada con claridad. También ordena a los organismos federales abstenerse de utilizar escenarios extremos como base para políticas públicas, a menos que esté legalmente justificado. ¿Te suena familiar? En Perú, muchas políticas económicas y ambientales también se han basado en supuestos discutibles o informes con poca transparencia, afectando a comunidades, presupuestos y mercados.

Desde la perspectiva económica, esta orden ejecutiva corrige una falla de mercado de la información científica, donde las decisiones se toman con información asimétrica, manipulada o incompleta. Cuando el Estado actúa con datos mal sustentados, se distorsionan los precios, se asignan mal los recursos y se pierde eficiencia. En otras palabras: decisiones equivocadas cuestan millones.

Pero hay una lección más profunda: la calidad de las políticas públicas depende de la calidad de la evidencia que las sustenta. Y esa calidad no debe medirse por quién financia el estudio o quién lo cita en redes sociales, sino por su capacidad de ser revisado, replicado y puesto en duda. El “estándar de oro” no es infalibilidad: es honestidad científica. Una honestidad que debería estar presente en los estudios económicos del MEF, en los informes ambientales del MINAM o en los datos sobre salud pública.

La confianza en la ciencia es un activo económico. Cuando se pierde, las empresas no saben si invertir, los ciudadanos no saben si creer y los gobiernos terminan apostando más por la ideología que por la evidencia. Estados Unidos ya dio el primer paso. Y tú, como ciudadano o empresario, puedes exigir que el Perú lo dé también.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

1. COSTO DE LA MALA CIENCIA: Decisiones basadas en modelos inexactos o datos manipulados pueden llevar a políticas públicas costosas y poco efectivas, afectando a empresas y ciudadanos.
2. RESTAURAR LA CONFIANZA: La nueva política exige datos replicables, sin conflictos de interés y con revisión imparcial, lo que mejora la calidad de la inversión pública.
3. EFICIENCIA ECONÓMICA: La orden corrige una falla de mercado al evitar que información científica sesgada influya en decisiones que distorsionan recursos y presupuestos.
4. IMPACTO GLOBAL: Aunque la medida es de EE. UU., su influencia llega a países como el Perú, que siguen sus modelos o reciben cooperación técnica basada en esos estudios.
5. CIENCIA COMO ACTIVO ECONÓMICO: La confianza en la evidencia genera estabilidad, inversión y mejores políticas. Sin ella, el riesgo político y económico aumenta.