📢 ¿Por qué tu colegio, hospital o comisaría sigue sin buen internet? La calidad del servicio de acceso a internet en instituciones públicas —como colegios y centros de salud— podría cambiar en las próximas semanas. El Osiptel acaba de iniciar el procedimiento de revisión de las tarifas tope que pagan las entidades del Estado por conectarse a la red en zonas alejadas del país. Esto afectará el precio del servicio contratado por el gobierno en 21 regiones del Perú.

La decisión busca mejorar las condiciones de acceso a internet en el marco de los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral. Estos proyectos permiten que zonas rurales o de difícil acceso tengan internet mediante redes financiadas por el Estado y operadas por empresas privadas como Telefónica, Gilat o América Móvil. Sin embargo, los costos fijados hace años ya no responden al contexto actual.

Desde el 2018 se establecieron tarifas tope para el acceso a internet institucional, pero la revisión de estas se ha postergado varias veces. Hoy, con nuevos informes técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Pronatel) y la presión de la demanda pública por conectividad real y estable, se abre un nuevo proceso que exige a las empresas presentar propuestas tarifarias detalladas en solo 20 días hábiles.

Esta medida tiene un impacto directo en la economía del Estado. Si se logra reducir el costo por megabit, las entidades públicas podrían contar con más capacidad de conexión sin elevar su presupuesto. Esto significa mejor servicio en escuelas, postas de salud y comisarías. En paralelo, una tarifa mal calculada puede dejar sin conexión a muchos puntos del país o hacer insostenibles los contratos.

Aunque el proceso aún está en fase inicial, es clave seguirle la pista. En juego están los recursos públicos, la eficiencia del gasto estatal y, sobre todo, el derecho de millones de peruanos a acceder a servicios digitales básicos.

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TARIFAS: Osiptel revisará las tarifas tope para el acceso a internet en instituciones públicas. Esto puede reducir el gasto estatal y mejorar la conectividad en zonas rurales.

PLAZO: Las empresas tienen 20 días hábiles para presentar sus propuestas. El apuro busca tener resultados en el corto plazo.

IMPACTO: La decisión afecta a colegios, postas y comisarías en 21 regiones del país. Una buena tarifa permitiría más y mejor conexión.

ANTIGÜEDAD: Las tarifas vigentes fueron fijadas entre 2015 y 2018, lo que las vuelve desfasadas frente a los costos y demandas actuales.

RIESGO: Si las nuevas tarifas no son sostenibles o bien calculadas, podría repetirse el colapso de experiencias anteriores como la Red Dorsal Nacional.