📢 ¿Quién defiende tu bolsillo cuando se negocian sueldos en el Estado? El sector privado quedó fuera de la mesa. Mientras miles de trabajadores públicos esperan mejoras salariales y las microempresas siguen ajustando planillas, el gobierno ha oficializado a los 21 representantes del Estado que negociarán los sueldos del sector público para el 2025. ¿La sorpresa? No hay ni un solo representante del sector privado en la comisión empleadora.

La Resolución Ministerial N° 127-2025-PCM, publicada este 10 de junio, detalla la nueva conformación del equipo negociador del Ejecutivo para el proceso de negociación colectiva centralizada. Participan funcionarios de la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, Salud, Defensa, Trabajo, entre otros. Pero ninguna entidad empresarial, gremio privado o actor externo ha sido incluido.

Esto genera una alerta sobre la transparencia y el equilibrio en las decisiones que pueden afectar las finanzas públicas y, por rebote, a todos los contribuyentes. Porque cuando se define cuánto y cómo se paga en el Estado, también se determina cuánta presión habrá sobre el presupuesto nacional, sobre los impuestos que pagamos todos, y sobre el margen fiscal que queda para invertir en infraestructura, salud o seguridad.

En términos económicos, este tipo de decisiones se vincula con la llamada “negociación colectiva centralizada”, una figura regulada por la Ley N° 31188. Su intención es ordenar y racionalizar los acuerdos laborales del Estado. Sin embargo, al concentrarse exclusivamente en representantes del Ejecutivo, se corre el riesgo de que el proceso se convierta en un diálogo interno, sin voces independientes que alerten sobre riesgos financieros o sobre el impacto en la competitividad del país.

Vale recordar que el sector privado, aunque no forma parte del aparato estatal, es parte esencial del ecosistema económico: absorbe empleo, paga impuestos y enfrenta las consecuencias de un Estado sobredimensionado o mal administrado. Por eso, su exclusión de espacios donde se toman decisiones que afectan al presupuesto público también es una omisión que impacta en la economía real.

En tiempos donde la confianza ciudadana en las instituciones es baja y el manejo eficiente de los recursos públicos es urgente, dejar fuera al sector privado del diseño y evaluación de compromisos salariales puede costar más que una omisión: puede aumentar la desconfianza, la informalidad y la inestabilidad fiscal.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS:

1. SOLO ESTADO: La comisión negociadora empleadora está compuesta únicamente por funcionarios públicos. No hay representantes del sector privado ni de la sociedad civil.
2. PRESIÓN FISCAL: Las decisiones sobre incrementos salariales afectan el presupuesto público, lo que puede generar presión sobre impuestos, endeudamiento o recortes en otros sectores.
3. SIN CONTROL EXTERNO: Al no haber actores privados o independientes, se pierde la oportunidad de tener alertas tempranas sobre decisiones que puedan poner en riesgo la sostenibilidad económica.
4. ECONOMÍA REAL IMPACTADA: Los acuerdos que se negocien pueden influir indirectamente en las condiciones laborales del sector privado, especialmente en regiones donde el Estado es el mayor empleador.
5. OPORTUNIDAD PERDIDA: Incluir al sector privado podría enriquecer el debate, fortalecer la rendición de cuentas y generar consensos más equilibrados para el país.