📢 ¿Un ministro puede seguir siendo empresario mientras está en el cargo? La respuesta ya tiene un fallo firme: no. Y las consecuencias pueden costar cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier función pública, como le ocurrió al expresidente Martín Vizcarra. Esta semana, el Tribunal Constitucional confirmó la validez del proceso seguido en el Congreso y declaró infundada su demanda de amparo, sentando un precedente sobre los límites éticos y económicos del poder en el Perú.

Vizcarra fue sancionado por haber mantenido vínculos con su empresa C y M Vizcarra S.A.C. mientras ocupaba el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones, e incluso durante los primeros meses de su presidencia. Según el artículo 126 de la Constitución, un ministro no puede dirigir ni gestionar empresas. Y, en este caso, las pruebas mostraron que Vizcarra recién renunció formalmente a su cargo empresarial en junio de 2018, cuando ya llevaba más de un año en el poder.

El Tribunal consideró que el Congreso actuó dentro de sus competencias al aplicar una sanción política, no judicial, en el marco de un juicio político por infracción constitucional. Esto significa que, aunque Vizcarra no fue condenado penalmente, sí fue considerado responsable de una falta grave que afecta la integridad del cargo público, lo cual justifica la inhabilitación. La sanción impuesta fue de cinco años, cuando el máximo permitido es de diez, lo que demuestra —según el TC— un uso razonable del poder parlamentario.

Este caso también reavivó el debate sobre si estas sanciones deberían ser decididas por jueces o por el Congreso. La defensa de Vizcarra alegó que solo una sentencia penal podía limitar sus derechos políticos, citando casos de la Corte Interamericana como el de Petro Urrego (Colombia) o López Mendoza (Venezuela). Pero el Tribunal fue claro: esas sentencias no son vinculantes para el Perú si el Estado no fue parte del proceso.

Lo que sí queda claro para la ciudadanía es el mensaje económico y político de fondo: quienes administran recursos públicos no pueden seguir con intereses privados. Porque cuando eso pasa, no solo se cruza la línea ética, también se daña la confianza, la estabilidad y, sí, la economía del país.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

• LÍMITE CONSTITUCIONAL: El artículo 126 prohíbe a ministros gestionar empresas. Ignorarlo puede costar hasta 10 años de inhabilitación política.
• DECISIÓN POLÍTICA, NO JUDICIAL: El Congreso tiene competencia exclusiva para sancionar políticamente a altos funcionarios por infracción constitucional.
• SANCIONES GRADUADAS: Vizcarra recibió cinco años de inhabilitación, aunque la ley permite hasta diez, lo que el TC consideró proporcional.
• DESVINCULACIÓN FORMAL: Aunque Vizcarra afirmó haberse retirado en 2015, su renuncia oficial como gerente recién fue registrada en 2018.
• INFLUENCIA ECONÓMICA: Mantener roles empresariales mientras se ocupa un alto cargo público puede comprometer decisiones de inversión estatal y favorecer conflictos de interés.