📢 Mientras tú sacas permisos hasta para vender pan, otros lavan millones en oro ilegal con ayuda del Congreso. En el Perú, si eres emprendedor formal sabes que cumplir reglas cuesta: papeleos, trámites, fiscalizaciones, impuestos. Pero hay un sector que parece vivir en una realidad paralela: la minería ilegal y criminal. Esta actividad, que mueve miles de millones sin pagar un sol al Estado, contamina ríos, deforesta selvas, desplaza comunidades y financia redes criminales. ¿Y qué está haciendo el Congreso? Proponiendo una ley que podría blanquearlos con una nueva cara: la Ley MAPE.

La minería ilegal no es artesanal, ni pobre, ni romántica. Es un negocio sucio y violento. Los informes del Ministerio del Interior y la Fiscalía lo confirman: detrás del oro ilegal hay extorsión, trata de personas, armas y lavado de dinero. Pero en lugar de cerrar filas y exigir responsabilidad, el Congreso está cediendo a presiones y quiere abrir un nuevo padrón —el Renapma— sin garantías de control real. Peor aún: lo intentaron meter por la puerta falsa, sin respetar procedimientos.

¿A quién beneficia eso? A los que ya han hecho del Reinfo un mercado negro: certificados alquilados, zonas sin fiscalización, operadores que manejan decenas de permisos desde una oficina en Lima. Y mientras tanto, los verdaderos mineros artesanales —los que sí quieren formalizarse— quedan atrapados entre extorsión y burocracia.

El impacto económico es brutal: solo en 2023 se estima que el oro ilegal movió más de USD 2,000 millones, sin tributar y sin generar canon para las regiones. Ese dinero no va a hospitales ni carreteras, sino a cuentas opacas y mafias que corrompen funcionarios. Cada tonelada de oro ilegal que sale del Perú debilita al Estado, ensucia nuestra reputación internacional y distorsiona el mercado para los productores formales.

La economía de mercado no puede convivir con criminales disfrazados de emprendedores. Y cuando desde el poder se les da oxígeno —como esta ley— se manda un mensaje muy claro: en el Perú, la ilegalidad paga. Y el que cumple, pierde.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS:

• MINERÍA CRIMINAL: No es informalidad, es crimen organizado. Moviliza millones y financia redes de trata, armas y corrupción.
• LAVADO LEGAL: La Ley MAPE abre la puerta para que operadores ilegales ingresen a un nuevo registro sin filtro real.
• REINFO CAPTURADO: Certificados usados como fachada. Solo 1,500 personas controlaban 50 mil permisos, según la propia presidenta.
• IMPACTO FISCAL: El oro ilegal no paga impuestos, ni canon, ni cumple normas ambientales. El Estado pierde recursos clave.
• RIESGO PAÍS: Blanquear lo ilegal daña la imagen del Perú como destino de inversión y socava los esfuerzos por formalizar el país.