📢 Cuando moverse, ver u oír se vuelve un lujo que muchos adultos mayores no pueden permitirse, las brechas se ensanchan silenciosamente en todo el país. En el Perú, más de 4 de cada 10 personas con discapacidad son adultos mayores, revelando una realidad que exige atención inmediata, no solo por justicia social, sino también por sostenibilidad económica y familiar.

Durante el primer trimestre del 2025, el 42,1% del total de personas con alguna discapacidad tenía 60 años o más. Y si nos fijamos en el género, la carga es aún mayor para las mujeres: el 45,7% de las adultas mayores presentaban una discapacidad, frente al 38,8% de los hombres. Esta diferencia de 6,9 puntos porcentuales es más que una cifra; habla de una desigualdad que se arrastra desde la juventud y se agudiza con la edad.

El problema se vuelve más visible —y preocupante— en las zonas rurales. Allí, más de la mitad de los adultos mayores con discapacidad (53,5%) viven una doble exclusión: por edad y por geografía. En contraste, en las áreas urbanas el porcentaje es del 39,1%. Esto afecta directamente la capacidad de estas personas para trabajar, generar ingresos o incluso acceder a servicios básicos de salud, educación o transporte.

Según el tipo de discapacidad, las dificultades para moverse (brazos o piernas) son las más comunes: el 37,2% de los adultos mayores las padece. Le siguen los problemas para oír (14,5%) y ver (13,6%). Aunque menos frecuente, también se reporta dificultad para entender o aprender (2,7%). Además, un preocupante 31,6% de esta población convive con dos o más discapacidades, lo que complica aún más su autonomía y calidad de vida.

Este escenario tiene consecuencias directas sobre los hogares: muchas familias deben dejar de trabajar o gastar más para cuidar a sus mayores. En los negocios pequeños, la presencia de un adulto mayor con discapacidad puede obligar a cerrar un emprendimiento familiar. En términos macroeconómicos, esto representa un desafío para las políticas de pensión, salud y empleo digno.

La situación revela una urgencia: no solo se trata de garantizar rampas o audífonos, sino de reestructurar las políticas públicas para que las personas mayores no vivan su vejez como una condena. Apostar por el bienestar de esta población también es una inversión en cohesión social y en una economía que no deje a nadie atrás.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

• DESIGUALDAD DE GÉNERO: Las mujeres adultas mayores tienen más discapacidad que los hombres, lo que aumenta su vulnerabilidad económica.
• BRECHA RURAL: En zonas rurales, más de la mitad de los adultos mayores tienen alguna discapacidad, lo que limita su productividad y acceso a servicios.
• MOVILIDAD REDUCIDA: El 37,2% tiene dificultad para usar brazos o piernas, afectando su autonomía y participación laboral.
• DISCAPACIDADES MÚLTIPLES: Un tercio convive con dos o más discapacidades, lo que implica mayores costos en cuidado y salud.
• ENVEJECIMIENTO INVISIBLE: El 27,7% de los adultos mayores con discapacidad tiene más de 71 años, un grupo que crece y que necesita políticas específicas.