📢 ¿Pagar más de S/ 1,000 al mes en un colegio… para que tu hija sea discriminada? Eso fue lo que vivió una familia en Huaraz, cuando una niña con autismo fue ignorada por su colegio tras denunciar presuntos tocamientos indebidos. Ni protocolo activado, ni protección. Solo silencio y prejuicio. Pero esta vez, el Estado sí actuó.

El Indecopi sancionó al colegio privado San Martín de Porres con una multa de 66.52 UIT (más de S/ 355 mil) por no activar los protocolos de convivencia ante un caso de violencia escolar y, además, por discriminar a la menor por su condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). La sanción, que es en primera instancia, marca un precedente clave en la defensa de derechos dentro del sistema educativo privado.

El caso expone dos cosas graves: primero, que hay colegios que aún ven a estudiantes con autismo como un “problema” en lugar de asumir su obligación legal de brindar una educación inclusiva; segundo, que hay instituciones que, aun cobrando pensiones altas, incumplen con protocolos mínimos de protección. Y eso no solo es injusto, es inaceptable.

Este tipo de omisiones no son errores administrativos: son fallas estructurales que ponen en riesgo la integridad de menores y vulneran su derecho a una educación digna. Más preocupante aún, muchos colegios alegan “autonomía educativa” para evadir responsabilidades, mientras los padres se sienten de manos atadas frente a cláusulas abusivas y contratos opacos.

La resolución también ordena que el colegio emita disculpas públicas, capacite a su personal en inclusión y coloque un cartel durante tres años recordando que toda forma de discriminación está prohibida. Porque sí, la educación privada es una empresa… pero eso no significa que pueda operar sin reglas, sin estándares y sin consecuencias.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS
SANCIÓN: El colegio fue multado con más de S/ 355 mil por omitir protocolos de protección y discriminar a una menor con autismo.
INCLUSIÓN: El TEA no puede ser excusa para excluir. Los colegios tienen la obligación legal de garantizar educación inclusiva.
RESPONSABILIDAD: No activar un protocolo de violencia escolar es una falta grave, incluso más cuando se trata de menores vulnerables.
CONSUMIDOR: El Código de Protección también ampara a padres y alumnos frente a servicios educativos deficientes.
REGULACIÓN EFICIENTE: No se trata de crear más normas, sino de aplicar las que ya existen con firmeza y sin favoritismos.