📢 ¿Te ha pasado que quieres construir o remodelar, pero te pierdes entre trámites y normas imposibles? En medio de ese laberinto burocrático, el Congreso propone fortalecer la figura del revisor urbano, un profesional que revisa los planos y da luz verde técnica a los proyectos. ¿La idea? Que el proceso de obtener licencias sea más ágil, menos arbitrario y con criterios técnicos claros. Aunque suena prometedor, la pregunta es: ¿más normas o más sentido común?

La propuesta —que aún es un proyecto de ley y no una norma vigente— busca modificar la Ley 29090 para que los revisores urbanos tengan reglas claras, actúen con autonomía y respondan por sus decisiones. Pero también introduce más pasos, registros, concursos y controles que, si no se manejan con cuidado, pueden generar cuellos de botella, mayor costo para el ciudadano y más espacio para la informalidad.

El revisor urbano podrá actuar en todo el país y emitir informes técnicos vinculantes, lo que supuestamente facilitará que las licencias salgan más rápido. Además, se crearán registros nacionales a cargo de los colegios profesionales. También se crea un Órgano Técnico Revisor, que revisará los informes en caso de apelación. ¿Suena bien? Tal vez. Pero la experiencia nos dice que cada entidad nueva viene con más procedimientos, tasas y trámites que no siempre mejoran el servicio.

En teoría económica, esto se relaciona con la teoría del “fallo de gobierno”, que advierte que no toda regulación mejora el mercado. Si una norma no resuelve un problema real o genera sobrecostos innecesarios, puede terminar ahuyentando la inversión y empujando a los ciudadanos hacia la informalidad. También se vincula con el concepto de costos de transacción: si construir legalmente implica más tiempo, dinero y riesgo que hacerlo por fuera, el sistema pierde eficacia.

Desde la perspectiva del consumidor, que quiere vivir en un lugar seguro y bien construido, este proyecto podría mejorar los estándares técnicos. Pero desde el bolsillo del emprendedor, arquitecto o constructor, la figura del revisor urbano podría ser un gasto más, especialmente si no se garantiza transparencia, agilidad y responsabilidad clara de cada actor.

🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS

• LICENCIA: La licencia de construcción no se otorga automáticamente; el revisor urbano solo emite un informe favorable, pero el trámite sigue en la municipalidad. Atención con las expectativas.
• COSTO: Si no se simplifican pasos, este nuevo sistema puede implicar más pagos: por el informe, el registro, la supervisión, el recurso de apelación, etc. Todo suma.
• PLAZOS: La norma aún no entra en vigencia. Se requiere un reglamento que debe salir 45 días después de su eventual publicación. Nada cambia todavía.
• RIESGO: Demasiada regulación sin eficiencia puede generar un mercado negro de “verificadores exprés” o informes de papel, sin calidad técnica real.
• INVERSIÓN: Un sistema ágil y predecible impulsa proyectos, genera empleo y mejora ciudades. Pero si se burocratiza más, hará justo lo contrario.