📢 ¿Tu comunidad sigue esperando obras mientras las empresas pagan millones al fisco? Tal vez la solución esté en un proyecto que no pide más presupuesto, solo menos trabas. Esta semana, un nuevo proyecto de ley en el Congreso plantea una reforma clave para destrabar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). ¿La idea? Ampliar quiénes pueden ejecutarlas, simplificar el uso de recursos públicos ya presupuestados y reducir los cuellos de botella que hoy detienen hospitales, colegios y obras de agua potable. Todo esto sin crear exoneraciones nuevas ni afectar la caja fiscal.

Entre los cambios más relevantes está la inclusión del Gobierno Nacional como entidad ejecutora, algo que hasta ahora solo podían hacer gobiernos regionales, locales y universidades. Con esta ampliación, sectores como salud, educación o transporte podrán liderar directamente proyectos, especialmente aquellos que requieren coordinación multisectorial o atención rápida en zonas críticas.

Además, el proyecto busca que el Estado pueda pagar estas obras con más tipos de fondos: no solo el impuesto a la renta de tercera categoría (como ocurre actualmente), sino también canon, regalías, donaciones, recursos ordinarios, y hasta bonos soberanos, si así lo decide el MEF. La clave: todos son fondos ya presupuestados, sin impacto adicional en el déficit fiscal.

Una mejora esencial es la introducción de plazos claros y sanciones ante demoras en la emisión de los certificados (CIPRL y CIPGN), que son los documentos que permiten a las empresas recuperar lo invertido. Hoy, muchas obras se traban porque alguna entidad no firma a tiempo. Con la reforma, si la entidad no responde, el MEF asume y emite el certificado. Así, la ley deja de depender del ánimo burocrático.

También se incluye la posibilidad de financiar servicios no físicos, como atención de salud o educación en zonas rurales y de frontera, y se incorporan instrumentos de planificación urbana y territorial como catastros o planes de desarrollo. Esto es clave para dejar de improvisar y empezar a ordenar el crecimiento de nuestras ciudades, sin nuevos aparatos públicos ni más regulaciones.

Este enfoque conecta con teorías clásicas de economía institucional: cuando se alinean los incentivos entre sector privado y objetivos públicos, los resultados llegan más rápido, con menos gasto y más impacto. Aún no es ley, pero si el Congreso lo discute con cabeza fría y sentido común, podría ser un antes y un después en cómo se invierte en lo que realmente importa.

La economía institucional, es una rama de la teoría económica que sostiene que las reglas del juego —es decir, las instituciones formales como leyes, procedimientos y marcos regulatorios— influyen directamente en el desempeño económico. En particular, cuando las normas facilitan la acción coordinada entre actores públicos y privados, se generan mejores resultados con menor fricción.

Uno de los conceptos clave aquí es el alineamiento de incentivos: el proyecto propone que las empresas privadas financien obras públicas y, a cambio, puedan recuperar ese monto con fondos públicos ya presupuestados (como canon o donaciones), pero bajo reglas estrictas y con control del Estado. Al alinear el interés del privado (usar eficientemente su dinero) con el del Estado (ejecutar obras sin sobregasto ni demoras), se produce un equilibrio virtuoso. Nadie regala nada, pero todos ganan.

Este tipo de mecanismos evita problemas comunes como la corrupción, el clientelismo o la informalidad, ya que introduce procedimientos transparentes y sujetos a fiscalización. Y lo más importante: fomenta la eficiencia sin aumentar el tamaño del Estado ni crear más normas restrictivas.

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🧠 NO PIERDA DE VISTA ESTOS DATOS:

• EJECUTORES AMPLIADOS: El proyecto propone que el Gobierno Nacional también pueda ejecutar OxI, abriendo el juego a proyectos grandes y urgentes.
• RECURSOS DIVERSOS: No solo se usaría impuesto a la renta, sino también canon, regalías, donaciones y otros fondos ya presupuestados. Sin gasto extra.
• SANCIÓN A LA INACCIÓN: Si una entidad no emite certificados en plazo, el MEF lo hará directamente. Fin del cuello de botella burocrático.
• ZONAS RURALES: Se podrían financiar servicios esenciales, incluso si no implican obras físicas, en zonas históricamente desatendidas.
• PLANEAMIENTO: Se propone incluir instrumentos de planificación urbana y territorial, anticipándose al crecimiento desordenado.