El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) presentó un informe sobre la vulnerabilidad de las personas en el Perú, revelando avances a nivel nacional, pero también destacando importantes desigualdades entre las regiones. Las áreas de la selva y la sierra muestran los mayores niveles de vulnerabilidad, mientras que las regiones de la costa centro y sur están en una situación más favorable.

El estudio, que analiza datos entre 2013 y 2023, sitúa a Loreto como la región con el mayor índice de vulnerabilidad, con 56,5 puntos. Le siguen Ucayali con 50,4 puntos y Pasco con 43,4 puntos. Otras regiones como Huánuco, Amazonas y Madre de Dios también presentan altos índices, oscilando entre 40,5 y 43,4 puntos. Estos territorios enfrentan carencias en áreas clave como servicios básicos, salud y educación, lo que restringe el desarrollo de sus poblaciones.

Por el contrario, Moquegua y Tacna destacan por tener los índices más bajos de vulnerabilidad, con 21,8 y 23,4 puntos, respectivamente. Estas regiones se benefician de mejores condiciones socioeconómicas y una mayor cobertura de servicios. Ica, Arequipa, Callao y Lima también figuran entre las zonas menos vulnerables, con índices que rondan entre 24 y 26 puntos, en gran parte gracias a su rol como centros económicos y políticos del país.

El informe subraya que la vulnerabilidad no es únicamente un problema económico, sino que abarca aspectos sociales, educativos y de salud. En las regiones más vulnerables se evidencian problemas como la desnutrición infantil, el acceso limitado a agua potable y saneamiento, y bajos niveles educativos. Estas dificultades contribuyen a la perpetuación de la pobreza y la falta de oportunidades.

El índice de vulnerabilidad del Ceplan se construye a partir de 23 indicadores que abarcan la situación de la población infantil, las mujeres, el acceso a servicios básicos, salud y educación. Estos indicadores se utilizan para identificar las áreas del país que requieren mayores esfuerzos para mejorar el bienestar de sus habitantes. El estudio hace un llamado a implementar políticas públicas diferenciadas para reducir las brechas y priorizar el desarrollo de las regiones más necesitadas.