📢 El Congreso evalúa el Proyecto de Ley 10418/2024-DP, presentado por el congresista Idelso Manuel García Correa, el cual propone modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571) con el objetivo de hacer más eficientes los procedimientos administrativos en el Indecopi.

¿Qué cambios plantea la propuesta?

La iniciativa busca garantizar que los consumidores peruanos tengan una respuesta más rápida cuando presenten reclamos o denuncias por vulneraciones a sus derechos. Para ello, se proponen tres modificaciones clave:

1️⃣ Modificación del artículo 107: Se establece que los procedimientos administrativos de protección al consumidor inicien con la notificación de cargos al posible infractor y que todas las notificaciones se realicen exclusivamente conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General.

2️⃣ Incorporación del artículo 107-B: Se agrega una nueva disposición que limita la presentación de pruebas adicionales una vez que el expediente esté listo para ser resuelto, salvo que el órgano resolutivo lo requiera. Esto evitaría demoras innecesarias en los procesos.

3️⃣ Modificación del artículo 122: Se reduce el plazo de prescripción de sanciones de Indecopi a cuatro años desde que la resolución queda firme.

Impacto en los consumidores y empresas

Esta propuesta busca un balance entre la protección de los consumidores y la celeridad en la resolución de casos dentro de Indecopi. Actualmente, muchas denuncias pueden tardar años en resolverse, afectando tanto a los consumidores como a las empresas que deben esperar largos procesos administrativos.

La modificación en los plazos y la restricción en la presentación de pruebas adicionales podrían permitir que los casos se resuelvan más rápido. Sin embargo, algunos especialistas advierten que esto también podría limitar la capacidad de los consumidores para defender sus derechos en caso de errores en la primera fase del proceso.

Plazo de adecuación para Indecopi

En caso de aprobarse la ley, Indecopi tendría 180 días calendario para adaptar su normativa y operatividad a las nuevas disposiciones.

Con este tipo de propuestas, el Congreso busca modernizar los procesos administrativos en materia de protección al consumidor, un sector clave para garantizar un mercado más justo y competitivo en el país.