📢 El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, liderado por el congresista Edgard Reymundo Mercado, ha presentado un Proyecto de Ley que busca bloquear las señales de telefonía celular y wifi en establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país. Aunque la medida pretende mejorar la seguridad dentro de estos centros y prevenir el uso de comunicaciones para actividades ilícitas, es difícil no cuestionar la efectividad de una propuesta que parece más un parche que una solución integral al problema de la inseguridad ciudadana.

El proyecto modifica el Decreto Legislativo 1688, obligando a las empresas de telecomunicaciones a bloquear automáticamente las señales dentro de los establecimientos penitenciarios, con el argumento de garantizar el orden y la seguridad. Si bien la propuesta apunta a erradicar las comunicaciones ilegales desde las cárceles, no se aborda el problema estructural de control y supervisión dentro de estos centros. Además, las operadoras que no cumplan con esta medida enfrentarán multas de hasta 100 UIT, lo que podría ser un incentivo a la cumplimiento superficial, sin una verdadera mejora en el proceso.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrían un plazo de 10 días para reglamentar la ley, pero la pregunta es: ¿realmente existe la infraestructura adecuada y los recursos suficientes para implementar esta normativa de manera efectiva? La implementación de bloqueos en estas áreas no es algo trivial; requiere tecnología adecuada y personal capacitado, dos recursos que a menudo escasean en el sistema penitenciario peruano.

El Poder Ejecutivo tendrá que garantizar que las operadoras cumplan con la ley, pero este enfoque parece ignorar la realidad de los problemas internos de las cárceles, como la falta de supervisión constante, la corrupción y las condiciones deplorables que permiten que los reos sigan manejando actividades ilícitas a pesar de las restricciones tecnológicas.

Aunque la iniciativa busca frenar el uso ilegal de dispositivos de comunicación en los establecimientos penitenciarios, la medida aislada del bloqueo de señales no resolverá el problema de fondo de la criminalidad organizada ni de la inseguridad generalizada. Mientras no haya una reforma estructural en el sistema penitenciario, esta ley podría ser vista como una medida superficial que da una falsa sensación de control sin abordar los problemas fundamentales de la seguridad en el país.