📢 El Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, liderado por la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, ha presentado un proyecto de ley que propone establecer un plan anual de fiscalización de infraestructuras en los gobiernos locales del país. Este plan tiene como objetivo principal garantizar que las infraestructuras de acceso público, como centros comerciales, mercados de abastos y puentes peatonales, cuenten con las medidas de seguridad adecuadas para proteger la vida y la salud de los ciudadanos.

La ley obliga a los gobiernos locales a implementar un plan que indique las prioridades y frecuencias de las actividades de fiscalización de infraestructuras, tomando en cuenta el riesgo que estas puedan representar para las personas. Según el artículo 2, cada gobierno local deberá aprobar su plan mediante una resolución de alcaldía, con la finalidad de realizar inspecciones periódicas en infraestructuras de acceso masivo. La ley también establece que el incumplimiento de este plan llevará a responsabilidad administrativa, civil y penal de las autoridades locales responsables de la fiscalización.

Además, el proyecto introduce modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, para que los consumidores tengan acceso público y gratuito a la información sobre el estado de conservación y seguridad de las infraestructuras donde se realizan actividades comerciales. Los datos deberán estar disponibles a través de los portales de transparencia de los gobiernos locales, garantizando que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre los lugares a los que acceden.

Este proyecto de ley también busca resolver vacíos regulatorios que se evidenciaron tras la tragedia ocurrida en febrero de 2025 en el centro comercial Real Plaza Trujillo, cuando un desplome de techo causó la muerte de seis personas y más de 80 heridos. Este incidente expuso las fallas en la fiscalización y la falta de medidas preventivas, lo que llevó a la congresista Camones Soriano a impulsar esta iniciativa legislativa.

La fiscalización de infraestructuras es una medida necesaria para proteger la vida de los consumidores y mejorar la gobernanza local, pero la implementación efectiva de esta ley dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para realizar fiscalizaciones constantes y transparentes, así como de la infraestructura tecnológica que permita la publicación oportuna de la información en los portales públicos.

El proyecto de ley, al no generar un desembolso directo del erario público, busca una optimización de los recursos existentes y una mayor transparencia en las acciones de fiscalización, lo que fortalecería la confianza en las autoridades locales y en la seguridad de las infraestructuras que los ciudadanos utilizan a diario.